Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, ha exigido al PSC este lunes que su postura durante el Debate de Política General (DPG) refleje el acuerdo alcanzado en Bruselas, abarcando temas como la amnistía y el concierto económico, además del reconocimiento del conflicto político.
«Lo que pedimos al PSC es que se moje en esta votaciones para romper este doble discurso al que nos tiene acostumbrados últimamente. Nosotros tenemos unos pactos, fruto del acuerdo de Bruselas en Suiza, que después aquí vemos como hay votaciones que lo contradicen», declaró Sales en una rueda de prensa en la sede del Parlament catalán.
Al ser consultada, Sales optó por no revelar los detalles de las propuestas de resolución, incluyendo la relacionada con el concierto económico, a pesar de confirmar que es una postura que han defendido consistentemente en cuestiones financieras.
Para la portavoz de Junts, el DPG es una oportunidad para verificar «si el PSC se alinea o se desmarca definitivamente del acuerdo de Bruselas porque no se puede admitir que el PSC juegue a dos bandas».
«O comparte y actúa en consecuencia sobre decisiones que pactamos con el PSOE en Suiza o sigue al lado de PP y Vox, como han hecho en más de 80 ocasiones este primer año de legislatura. No se puede construir en Suiza y destruir después en Catalunya», afirmó Sales.
Sales también advirtió que no tolerarán «maniobras para ganar tiempo o para hacer equilibrios imposibles», y pidió claridad a los socialistas catalanes.
Una vez concluido el DPG, Sales anunció que realizarán una evaluación de los resultados y tomarán las medidas necesarias si el PSC continúa obstruyendo el acuerdo de Bruselas.
OTRAS PROPUESTAS
Sales criticó al Govern de Salvador Illa por «mala gestión, incumplimientos, supeditación a Pedro Sánchez y desnacionalización», y expuso otras resoluciones que presentarán sobre vivienda, educación, salud, lengua catalana, y políticas económicas y fiscales.
En vivienda, propondrán reinstaurar el requisito de al menos 10 años de empadronamiento para acceder a viviendas protegidas, mientras que en educación buscarán mejorar la financiación ante los resultados desfavorables del sistema.
En cuanto al uso del catalán, exigirán que los sanitarios obtengan certificaciones lingüísticas y solicitarán un debate específico en el Parlament para «soluciones» sobre la situación del idioma y la creación de una Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos. También proponen una revisión de la carga fiscal, incluyendo la rebaja del IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones, y presentarán una resolución para condicionar la validación de la OPA del BBVA a un apoyo mínimo del 50% del capital social del Banco Sabadell.