QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El caso de Dani Quintana, un adolescente de 15 años que se quitó la vida en julio en Almacelles (Lleida), sigue generando máspresión en el debate sobre la respuesta de los centros ante el acoso escolar.
Según informan Efe, ElDiario.es y el Diario del Segre, su familia denunció que sufría ‘bullying’, mientras la Generalitat sostiene que el protocolo se activó y no halló pruebas claras. Los Mossos d’Esquadra mantienen la investigación abierta.
Un joven de 15 años y una familia que había avisado al centro
Dani Quintana estudiaba en el Institut Canigó de Almacelles. Su familia había advertido al profesorado de que sufría acoso escolar. El 15 de julio, el adolescente se quitó la vida, lo que llevó a los Mossos d’Esquadra a abrir diligencias para esclarecer las causas del suicidio.
Según fuentes citadas por ambos medios, “No puedo atribuirlo todo al acoso escolar, pero lo hubo”, declaró su madre, Marina, durante una concentración en Lleida convocada para reclamar más recursos contra el suicidio juvenil.
Educación defiende su actuación y niega evidencias de acoso
El Departamento de Educación asegura que el centro activó el protocolo de acoso desde el primer momento, con entrevistas a la familia y seguimiento por parte de la inspección educativa.
Según la Generalitat, no se hallaron evidencias claras de bullying, aunque el joven recibió acompañamiento hasta el final del curso.
Fuentes educativas explican que las advertencias de la familia se remontaban a varios cursos anteriores, cuando Dani aún no había finalizado la ESO.
El caso gana relevancia tras el suicidio de Sandra Peña en Sevilla
La muerte de Dani ha vuelto a ser noticia tras el suicidio de Sandra Peña, también de 15 años, en un centro de Sevilla, donde la Fiscalía investiga la no activación del protocolo antibullying.
Ambas tragedias han reavivado el debate sobre los fallos del sistema educativo para prevenir el acoso y proteger la salud mental del alumnado.
La asociación Trencats denuncia “encubrimiento” de casos
La familia cuenta con el apoyo de la asociación Trencats, presidida por el padre de Kira, otra adolescente que se quitó la vida en Barcelona en 2021 tras denunciar acoso.
Desde la entidad acusan a la inspección educativa de “encubrir violencias en las aulas” y de cerrar casos sin investigar a fondo.
La Generalitat, en cambio, afirma que el expediente no está cerrado y que en septiembre se reunió de nuevo con la familia: “Si se halla alguna nueva evidencia que confirme que se trata de un caso de acoso, se actuará en consecuencia”, señalan fuentes de Educación.
