La sesión plenaria del Parlament ha dado luz verde este jueves a una moción que apoya la indagación de medidas legislativas para «proteger a los centros educativos respecto de las sentencias del 25%, reforzando el marco jurídico que blinde la competencia plena en catalán y su uso como lengua vehicular, con el consenso y la mayoría de la comunidad educativa y las entidades que defienden la lengua».
Esta propuesta, promovida por la CUP, ha contado con el apoyo de Junts, ERC, Comuns, CUP y Aliança Catalana (AC), mientras que PP y Vox han votado en contra y PSC-Units se ha abstenido.
Asimismo, se ha aprobado una parte de la moción que insta a colaborar con las universidades para «incorporar materiales, tanto a los grados de magisterio como a los másters de formación de profesorado, para formar y sensibilizar sobre el modelo lingüístico del sistema educativo, la metodología inmersiva y conocimientos básicos de sociolingüística».
El documento también aboga por la implementación de cláusulas lingüísticas para «todas las empresas subcontratadas para servicios en los centros para que estos se presten en catalán».
Finalmente, se ha decidido que durante el año académico 2025-2026 se intensificará la labor de inspección educativa sobre «el cumplimiento real del modelo lingüístico establecido desde la normativa autonómica en los planes lingüísticos de cada centro».