QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Parlament ha aprobado recientemente un decreto ley presentado por la consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, que permite a las residencias y otros servicios sociales un año adicional para obtener la acreditación necesaria para acceder a plazas financiadas por la Generalitat.
Este decreto ha contado con el respaldo de la mayoría de los partidos, a excepción de Vox y CUP que se han abstenido. Mònica Martínez destacó que con esta medida, las entidades tendrán plazo hasta octubre de 2026 para demostrar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública.
La prórroga busca ofrecer tiempo suficiente para que las instituciones mejoren sus instalaciones y aseguren el nivel de calidad demandado. Desde la Generalitat se ha señalado la imposibilidad de concluir este proceso para el 19 de octubre de 2023, debido al gran número de solicitudes recibidas y la complejidad de las modificaciones estructurales que muchas entidades necesitan implementar.
