El Parlament ha decidido este miércoles continuar con el proceso legislativo del proyecto de ley destinado a la gestión de los instrumentos de provisión del sistema público de servicios sociales, a pesar de la oposición de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y la abstención de Aliança Catalana (AC) frente a las enmiendas totales presentadas por PP y Vox.
La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha sido la encargada de exponer la propuesta, que tiene como objetivo regular los mecanismos no contractuales de provisión de servicios sociales en Cataluña, implicando tanto a entidades públicas como privadas que integran la red de atención social pública.
El documento legislativo aborda diferentes formas de acción concertada como método preferente para la prestación de estos servicios y sugiere la creación de la Agència Pública de Serveis Socials de Catalunya para la administración directa de los mismos.
Además, se introduce la figura del contrato de impacto social y se incorporan disposiciones para proteger los derechos lingüísticos de los usuarios y asegurar que la progresión salarial de los empleados de las entidades proveedoras sea comparable a la de los trabajadores del sector público, entre otras medidas.
Tras descartar las enmiendas, el proyecto de ley continuará su recorrido en el Parlament hasta llegar a la votación final en el pleno.