QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En la sesión del miércoles, el Parlament de Catalunya prosiguió con la tramitación de la propuesta de ley que modifica el Código Civil catalán y la ley del derecho a la vivienda, impulsada por Junts. Esta medida propone que las comunidades de vecinos tengan la capacidad de iniciar procesos judiciales y, como medida preventiva, solicitar el desalojo de propiedades ocupadas ilegalmente “donde se lleven a cabo actividades o actos contrarios a la convivencia normal”.
La iniciativa también señala como un incumplimiento a la función social de la propiedad el no proceder con los desalojos necesarios por parte de grandes propietarios. El debate en el pleno no contó con enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios, por lo que continuará su revisión en ponencia y comisión antes de regresar al pleno para su discusión y votación definitivas.
Glòria Freixa, de Junts, defendió la propuesta aclarando que “no va contra personas vulnerables, va contra mafias, delincuencia y ocupación conflictiva”. Por su parte, Pere Lluís Huguet del PP, aunque considera la medida insuficiente, confirmó su apoyo aludiendo a la necesidad de mejorar la convivencia. Sergio Macián de Vox criticó la propuesta por errores técnicos y competenciales, calificándola de inconstitucional. Sílvia Orriols de AC abogó por una reforma del Código Penal para una acción más decidida contra las ocupaciones ilegales.
En el lado del PSC-Units, Eva Candela lamentó que se insista en involucrar a las comunidades de vecinos en la normativa. Ester Capella de ERC destacó la importancia de la vivienda como reto social y criticó que se traslade la responsabilidad a las comunidades de vecinos. Susanna Segovia de Comuns reprochó a Junts por no actuar efectivamente cuando tuvieron la oportunidad, y Laure Vega de la CUP cuestionó la capacidad de Junts para redactar leyes eficaces en esta materia, comparándolos con la derecha española.
