Este jueves, el Parlament de Cataluña ha dado su aprobación a una iniciativa que solicita al Govern la presentación de un conjunto de medidas ‘estratégicas, normativas y programáticas’ durante el primer trimestre de 2026, destinadas a regular la adquisición de viviendas con fines especulativos.
La propuesta, respaldada por dos mociones idénticas de ERC y la CUP, ha contado con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP. Por otro lado, PP, Vox y Aliança Catalana se han posicionado en contra, y Junts ha optado por la abstención.
El documento aprobado solicita la elaboración y presentación de estas medidas para asegurar el acceso a una vivienda habitual y permanente ‘en diálogo con los grupos parlamentarios’, y estipula que la evaluación interna que el Govern está realizando sobre esta propuesta se debe presentar antes de finalizar el año 2025.
EL GOVERN LO ESTUDIA
El tema de restringir la compra de viviendas en áreas especulativas ha ganado atención en la esfera política catalana recientemente, a raíz de un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB), que proporcionaría un respaldo jurídico a la propuesta.
A fines de octubre, ante preguntas de la CUP en el Parlament, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, expresó su disposición para estudiar la medida. Este noviembre, ha confirmado que se encuentra en una revisión ‘a fondo’ de la misma y ha solicitado informes jurídicos adicionales a la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.
Tanto ERC como los Comuns han expresado su apoyo a la limitación, y Jéssica Albiach de los Comuns ha presentado una proposición de ley al respecto, además de formar un grupo de trabajo con el Govern que espera emitir un informe ‘a principios de enero’.
GRUPOS PROPONIENTES
Mar Besses, diputada de ERC, ha defendido la medida señalando que es una práctica común en otros países y que el marco jurídico actual lo permite, negando que se ataque a la propiedad privada: ‘El auténtico ataque a la propiedad privada es que un fondo buitre pueda comprar una vivienda entera, que pueda expulsar a sus vecinos, y que pueda multiplicar su rentabilidad’.
Laure Vega, de la CUP, ha enfatizado que la especulación inmobiliaria es un tema de gran rechazo popular y que constituye una violación a la propiedad privada por la concentración de viviendas.
PSC Y COMUNS
Eva Candela del PSC y Susana Segovia de los Comuns han destacado la importancia del debate y la colaboración entre distintas fuerzas políticas para abordar la regulación del mercado inmobiliario y combatir las desigualdades en el acceso a la vivienda.
JUNTS Y PP
Glòria Freixa de Junts y Àngels Esteller del PP han expresado su rechazo a la medida, argumentando que se necesitan más inversiones y que la propuesta va en contra del marco jurídico vigente.
VOX Y ALIANÇA CATALANA
Mònica Lora de Vox y Sílvia Orriols de Aliança Catalana han criticado las políticas actuales, atribuyendo a estas la responsabilidad de los problemas actuales en el mercado de vivienda.