QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este martes, la comisión que indaga las infiltraciones en colectivos sociales y políticos, así como el uso del software Pegasus contra activistas y dirigentes independentistas, ha decidido convocar a un centenar de personas para testificar. Este paso se tomó con el apoyo de Junts, ERC, Comuns y CUP; la abstención de PSC-Units y el rechazo de Vox, tras ratificar los planes de trabajo de la comisión.
En torno a las alegadas infiltraciones, se tiene previsto llamar a declarar a ministros y exministros de Interior y Defensa, antiguos delegados del Gobierno en Catalunya, y mandos anteriores y actuales de la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), incluyendo a integrantes de los Mossos d’Esquadra.
Además, se convocará a fiscales, tanto en ejercicio como retirados, presuntos agentes infiltrados, expertos y representantes de organizaciones internacionales con experiencias similares, y abogados y portavoces de los grupos afectados, quienes podrían participar por escrito.
En lo que respecta al espionaje con Pegasus, se solicitó la presencia de los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès, así como de representantes de Junts, ERC, Comuns y CUP que habrían sido objeto de espionaje.
También se escuchará a abogados y especialistas en derechos humanos y seguridad tecnológica, junto con miembros del Comité Pegasus del Parlamento Europeo, formado en la legislatura anterior.
En la sesión de este martes ya se han llevado a cabo las comparecencias de Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural; Antoni Maria Gavarró, secretario nacional de la Assemblea Nacional Catalana (ANC); Cèlia Carbonell, representante de Irídia, y Martí Majoral, portavoz de Alerta Solidària.
ÒMNIUM
Antich ha señalado que muchos de estos casos han sido criticados por instituciones como la ONU, que su organización ha pedido explicaciones, reparación y garantías de no repetición, y que «el Estado español no ha hecho nada», convencido de que estas acciones continúan en la actualidad.
«El Ministerio considera legítimo, adecuado y pertinente colocar a agentes encubiertos en estas organizaciones», ha criticado Antich, y ha reprobado lo que considera un ataque a derechos fundamentales como la libertad de expresión y de asociación.
ANC
Gavarró ha argumentado que las acciones realizadas fueron sin el respaldo judicial necesario y son «incompatibles con los valores fundacionales de la Unión Europea», subrayando que las infiltraciones son mucho más graves que el espionaje con Pegasus.
ALERTA SOLIDÀRIA E IRÍDIA
Majoral ha afirmado que se han realizado actuaciones sin tutela judicial y se ha violado el principio de proporcionalidad, usando medidas excesivas contra un movimiento que, en su opinión, no ha mostrado comportamientos violentos que justifiquen acusaciones de terrorismo, sino que ha habido una distorsión de sus movilizaciones.
Por su parte, Carbonell ha denunciado las infiltraciones como una grave vulneración de derechos fundamentales y un ataque a la democracia, destacando la «desprotección en la que se encuentran las personas y los movimientos afectados, sin vías ni garantías para denunciar y reparar el daño causado por la negativa del Estado de asumir responsabilidad alguna».
