QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El pleno del Parlament ha descartado la propuesta del líder de la Generalitat, Salvador Illa, que buscaba establecer “un acuerdo de país” con el fin de activar desarrollos urbanísticos y aumentar la disponibilidad de terrenos para erigir aproximadamente 210.000 hogares en Catalunya, de los cuales entre el 40% y el 50% serían de protección oficial.
Durante la primera sesión del Debate de Política General (DPG) en el Parlament, Illa presentó este plan, que fue incorporado en una propuesta de resolución del grupo PSC-Units. Sin embargo, esta fue rechazada con el respaldo de PSC-Units, la abstención de ERC, Comuns y Aliança Catalana, y el voto en contra de Junts, PP, Vox y la CUP.
El texto rechazado urgía al Govern a implementar este “acuerdo de país” para “activar de forma inminente todos los planeamientos en todo el país para disponer de más vivienda asequible”, y a movilizar todos los recursos disponibles para habilitar suelos para vivienda protegida.
No obstante, otras dos propuestas de los socialistas relacionadas con las políticas de vivienda del Govern sí fueron aprobadas, incluyendo el plan para construir 50.000 viviendas de protección oficial para 2030, así como iniciativas de rehabilitación de pisos, que también fueron respaldadas por propuestas de resolución de ERC y Comuns.
UNIDAD ANTIDESAHUCIOS Y SANCIONES
En relación con la vivienda, se aprobaron las propuestas de los Comuns que demandaban la creación en octubre de una unidad de prevención y actuación contra los desahucios, pactada con el Govern para la aprobación de los suplementos de crédito, y que la Generalitat actúe “de manera proactiva y con urgencia” en la aplicación del régimen sancionador de la ley que regula los precios de alquiler.
Asimismo, se aceptó la propuesta de Junts que exige el “traspaso inmediato” a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb, anuncio previo de Illa el miércoles tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno.
Por otro lado, se rechazaron varias propuestas, incluyendo la de los Comuns para modificar leyes y “prohibir las compras especulativas de vivienda”, la de la CUP para crear una constructora pública y las del PP para derogar las zonas de mercado tensionado y aprobar una ley antiokupa. También fue rechazada la propuesta de Junts de requerir 10 años de padrón para acceder a vivienda protegida y otra de Aliança Catalana que solicitaba valorar el grado de arraigo; aunque sí se aceptaron propuestas para garantizar el padrón frente a “el aumento de obstaculizaciones en muchos municipios”, de la CUP y Comuns.
RODALIES Y HARD ROCK
En infraestructuras, se ha confirmado, mediante una propuesta del PSC, el apoyo para concluir antes de 2026 la formación de la empresa que gestionará el traspaso de Rodalies, para que opere como empresa ferroviaria bajo competencia de la Generalitat.
A propuesta de ERC, se aprobó mantener las actuales bonificaciones al transporte público, y una moción de la CUP aceptada prevé extender la integración tarifaria en toda Catalunya antes de 2026.
Con el respaldo de Junts, PP y Vox, y la abstención del PSC y Aliança Catalana, se aprobó resolver en 2025 el informe de impacto ambiental sobre el proyecto de ocio Hard Rock, en Tarragona, y proceder con la aprobación del Plan director urbanístico necesario para el desarrollo del proyecto.
Por último, no prosperaron las propuestas del PP para completar la B-40 ni para atraer grandes eventos deportivos, incluyendo una posible candidatura conjunta entre Catalunya y Aragón para los Juegos Olímpicos de Invierno.
