El Parlament exige la transferencia urgente de competencias migratorias a Catalunya

Este jueves, el Parlament ha acordado formalmente solicitar al Govern que presione al Gobierno central para acelerar las negociaciones con los grupos parlamentarios con el fin de transferir urgentemente las competencias de inmigración a Catalunya “con carácter inaplazable”.

La propuesta, originada por ERC y modificada por PSC-Units, ha obtenido el respaldo de estas formaciones además de Junts, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que PP y Vox han votado en contra. El documento puntualiza la inclusión de permisos de residencia y trabajo, junto con políticas de acogida, “tal como había sido negociado y acordado, con los recursos económicos correspondientes”.

Esta demanda de delegación de competencias emerge de los acuerdos entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, aunque fue rechazada en el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos.

INTERVENCIÓN DE LOS GRUPOS

Durante el debate, Jordi Viñas de ERC enfatizó la necesidad de Catalunya de no “seguir esperando que desde Madrid resuelvan una realidad que solo se vive, entiende y gestiona” desde la cercanía. Ivana Martínez del PSC argumentó a favor de una colaboración dentro del marco constitucional para mejorar la gestión autonómica. Ennatu Domingo de Junts cuestionó la coherencia de ERC y retó al PSC a cumplir sus compromisos en Madrid.

PP Y VOX

Míriam Casanova del PP criticó la capacidad de la Generalitat para manejar la migración y acusó al PSOE de complicidad en el ‘procés’ separatista. María Elisa García Fuster de Vox rechazó la idea de delegar estas competencias a PSC y ERC, alegando protección de la cultura y tradiciones locales.

COMUNS, CUP Y AC

Andrés García Berrio de Comuns abogó por herramientas para enfrentar la exclusión, mientras que Pilar Castillejo de la CUP defendió la adquisición de competencias para garantizar derechos y propuso el cierre de los CIEs y la aprobación de la ILP de regularización extraordinaria de extranjeros. Sílvia Orriols de Aliança Catalana expresó su deseo de controlar la inmigración por razones de seguridad y regulación.