El Parlament ha dado luz verde este miércoles al proyecto de ley del Estatuto de municipios rurales, diseñado para proporcionar un marco legislativo específico y medidas destinadas a combatir la despoblación en zonas rurales. Esta ley incidirá en 608 de los 947 municipios de Cataluña, representando el 64%.
La propuesta, que fue discutida en la legislatura anterior pero no se concretó debido a las elecciones anticipadas, contó con el apoyo de PSC-Units, Junts, ERC, PP, Comuns, CUP y Aliança Catalana, mientras que Vox votó en contra.
Albert Dalmau, conseller de la Presidencia de la Generalitat, ha descrito el día como histórico y se ha comprometido con la implementación del estatuto, celebrando el amplio consenso alcanzado en la Cámara y pronosticando que facilitará una Cataluña ‘más cohesionada, mejor, más justa, y sobre todo pensada para todo el mundo’.
‘La igualdad no se trata de tratar a todos igual, sino de tratar igual a los iguales, y diferente a los diferentes. Por tanto, pensar el país entero es acompañar a aquellos municipios que tienen más dificultades, que no tienen todos los recursos técnicos que pueden tener grandes ciudades de nuestro país’, enfatizó.
A la sesión asistieron figuras como el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los presidentes de las cuatro diputaciones catalanas, líderes de las principales asociaciones municipalistas, alcaldes y presidentes de consejos comarcales.
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La normativa define como municipio rural aquel que tiene menos de 2.000 habitantes y está ubicado en una comarca rural; también incluye a los municipios de menos de 2.000 habitantes de comarcas vecinas a una comarca rural y que poseen una densidad poblacional inferior a 90 habitantes por kilómetro cuadrado o un crecimiento negativo en la última década.
Adicionalmente, los municipios con menos de 500 habitantes (en total 381) serán clasificados como municipios rurales de especial atención, y dos municipios de Lleida (Artesa de Segre y Tremp) han sido designados como municipios rurales asimilados por contar con una población de hasta 5.000 habitantes y tener 10 o más núcleos poblacionales con menos de 500 habitantes cada uno.
La clasificación de municipio rural y de municipio rural de especial atención será revisada cada 4 años, en los primeros 6 meses de las legislaturas municipales, con un margen de variación del 5% como máximo.
PERSPECTIVA RURAL
El nuevo marco normativo obliga a que todas las políticas públicas integren la ‘perspectiva rural’ y evalúen el impacto territorial, económico y medioambiental mediante un mecanismo de garantía rural.
Se establecerá además un sistema de financiación específico a través de un fondo de municipios rurales y una línea de subvenciones concreta, además de la posibilidad de aplicar incentivos fiscales para la compra y rehabilitación de viviendas.
Finalmente, se busca aligerar la carga burocrática de los ayuntamientos mediante la creación de un portal único de la Generalitat que integrará todos sus trámites, servicios e informaciones.