El Partido Popular ha expresado su desacuerdo con el dictamen emitido por el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que respalda el proyecto de ley para regular el alquiler de temporada. Según el PP, este dictamen “es más político que jurídico” y presenta contradicciones internas.
Fuentes del partido han señalado la existencia de dos dictámenes previos, de 2019 y 2020, que “decían exactamente lo contrario, reconociendo que la Generalitat no podía regular el arrendamiento temporal”.
Además, han destacado que el Tribunal Constitucional (TC) “se pronunció en este sentido al reconocer que la competencia en esta materia es exclusiva del Estado”.
Desde el PP han indicado que esta situación “no hace más que perjudicar a los propietarios y a los inquilinos, al generarles una gran inseguridad jurídica y una reducción de la oferta de pisos en régimen de alquiler temporal, lo que perjudica a los jóvenes universitarios, al talento, a los profesores y médicos que no tendrán oferta suficiente”.
El CGE apoyó el proyecto de ley del Govern pero cuestionó la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en zonas tensionadas, tras la solicitud de un dictamen sobre vulneraciones competenciales y de seguridad jurídica por parte de Junts y el PP.











