La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha afirmado que le “cuesta pensar que Catalunya renunciará” al nuevo sistema de financiación, ya que, según ha señalado, hacerlo implicaría dejar de percibir 4.700 millones de euros adicionales.
Romero se ha expresado así este miércoles durante su intervención en la Comisión de Economía del Parlament, en la que ha detallado la propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica. En su comparecencia, ha defendido que “es buena” y ha insistido en que estos recursos resultan positivos para Catalunya.
Ha reconocido que los fondos adicionales “seguro que no son suficientes, pero son muy relevantes” y ha reivindicado su importancia ante los desafíos que, ha remarcado, tiene el país por delante.
“Deberíamos ser capaces de hacer lo que decían los agentes económicos y trabajar juntos para que este modelo se apruebe con el pragmatismo, pero también con voluntad de mejorarlo”, ha añadido la consellera.
En otro momento de su intervención, Romero ha criticado el ‘dumping’ fiscal que, según ella, practican algunas comunidades autónomas, y ha recalcado que es “absolutamente injusto” que haya territorios que asuman un mayor esfuerzo fiscal para sostener los servicios públicos.
Como respuesta, ha planteado que el Gobierno central establezca un umbral mínimo para los impuestos que impida rebajas por debajo de ese nivel, ya que, ha advertido, de lo contrario hay comunidades que acaban actuando de forma insolidaria.
Financiación singular y competencias
Romero ha explicado que el acuerdo de financiación presentado se ajusta a las competencias homogéneas —sanidad, educación y derechos sociales—, mientras que las competencias no homogéneas —como Mossos d'Esquadra, Inspecció de Treball o lengua— deben abordarse en otra mesa de negociación, de carácter bilateral entre el Estado y la Generalitat.
Además, ha defendido que la financiación de estas competencias no homogéneas no se articule mediante una simple transferencia, sino aumentando la participación de Catalunya en tributos como el IVA. También ha subrayado que el país necesita reforzar su capacidad normativa en materia de impuestos para poder impulsar y aplicar su propia política fiscal.
“Cuando tengamos todo esto podremos hablar de financiación singular porque ninguna comunidad autónoma tendrá nuestro nivel de autogobierno”, ha asegurado, y ha remarcado que el Govern trabaja con ese objetivo.
Posiciones de los grupos parlamentarios
El diputado de Junts, Antoni Castellà, ha reprochado que la propuesta mantenga a Catalunya dentro del régimen común, recordando que el acuerdo con ERC contemplaba un régimen singular, y ha criticado que se plantee la ordinalidad en función de la población ajustada y no de la población real.
En nombre de ERC, Albert Salvadó ha respaldado el modelo. Ha admitido que no es perfecto, pero ha subrayado que “es evidente que mejora sustancialmente el actual” y que supone, en sus palabras, una ganancia sustancial para Catalunya.
Juan Fernández, del PP, se ha preguntado si el “colapso de los servicios públicos en Catalunya es por falta de financiación” y ha defendido que no, atribuyéndolo, en sus palabras, a gobiernos inoperantes e incompetentes. También ha sostenido que el acuerdo sirve para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, gane tiempo, textualmente.
Desde Vox, Javier Ramírez ha criticado que Romero no haya detallado el modo en que se implementará el nuevo sistema de financiación y ha afirmado que solo sabe que “es un pacto entre el señor Sánchez y el señor Junqueras”.
El diputado de Comuns, David Cid, ha destacado que, con este acuerdo, el Estado “reconoce por primera vez que los servicios públicos universales” como la sanidad y la educación deben ser financiados con más recursos por el propio Estado.
Laure Vega, de la CUP, ha remarcado que la ordinalidad no incorpora el impacto del coste de la vida: “El dinero no vale lo mismo en todos sitios”.
Por parte del PSC, Jordi Riba ha defendido que la propuesta de modelo “responde a los problemas” del sistema vigente, ya que, según ha indicado, corrige el desequilibrio vertical con el Estado y el horizontal entre comunidades autónomas, y se basa en criterios de transparencia, igualdad y equidad.
Finalmente, el diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, ha salido en defensa de la figura de Oriol Junqueras, cuestionada por Ramírez, y ha afirmado que “Se ha roto la cara por la democracia”.