El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha reconocido este martes en el Parlament que el absentismo laboral es una cuestión que le genera preocupación y sobre la que deberán actuar, aunque ha insistido en la necesidad de "separarlo" de las bajas laborales, al responder a una interpelación de la diputada del PP Àngels Esteller.
Sàmper ha subrayado ante la Càmara catalana: "Nos preocupa exactamente igual a ustedes que a nosotros. Pero me gustaría introducir un elemento que nunca decimos. El absentismo deberíamos separarlo de lo que es una baja. Las personas trabajadoras que tienen una enfermedad, obviamente tienen un derecho, recogido en el Estatuto de los Trabajadores y en muchos otros sitios, para poder enfermar".
El conseller ha defendido que, en muchas ocasiones, el relato que circula en la opinión pública sobre esta cuestión se aleja de los datos reales, y ha explicado que desde su departamento quieren promover que los equipos de recursos humanos de las empresas dispongan de "la capacidad de empezar a diferenciar" las bajas médicas del absentismo injustificado.
En esta línea, ha puntualizado: "Sobre el absentismo entendido como personas que no van a trabajar por no ir a trabajar, hablemos, porque hace daño, evidentemente, a nuestra industria y a nuestra economía, pero diferenciémoslo de las personas que tienen el derecho, evidentemente, a ponerse enfermos".
Compromiso para reducir la burocracia
Durante su intervención, Sàmper también ha coincidido con Esteller en que el exceso de trámites administrativos supone un freno para la actividad empresarial en Catalunya. Ha remarcado que "La burocracia es un impuesto, porque es una carga, porque es una lacra, diría yo. Es una lacra que debemos ser capaces de mejorar, porque también esto nos resta competitividad".
El titular de Empresa y Trabajo ha asegurado que el Govern ya está impulsando medidas para simplificar procedimientos y recortar la burocracia que soportan las compañías, aunque ha admitido que no es una transformación inmediata y que se está llevando a cabo "en el marco de una Europa muy reguladora, de una España muy reguladora y de una Catalunya que, efectivamente, es muy reguladora".