La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat gestionará en 2026 un total de 3.453 millones de euros, según el proyecto de Presupuestos para 2026 del Govern que se tramita en el Parlament, de los que 1.900 millones se reservarán específicamente a políticas de vivienda.
La titular del departamento, Sílvia Paneque, lo ha detallado en una comparecencia ante las comisiones de Territorio y Vivienda y de Transición Ecológica del Parlament, donde ha subrayado la importancia de tejer consensos amplios en beneficio del conjunto de la ciudadanía y ha defendido la necesidad de pactos de carácter estructural para encarar los principales retos de Catalunya.
“Por eso el Govern no solo presenta esta propuesta sino que extiende la mano al diálogo, al acuerdo, porque pensamos que es poner por delante al país”, ha señalado, remarcando que se trata del proyecto presupuestario más ambicioso que ha presentado hasta ahora el ejecutivo catalán.
Paneque ha avisado de que es el momento de decidir si estos recursos se aprovecharán para impulsar el crecimiento y el progreso o si se opta por bloquearlos, y ha aludido directamente a ERC, a quien ha pedido el apoyo a unas cuentas que permitan desplegar políticas que “comparten” y que figuran en los acuerdos de investidura.
“Hay tiempo, compartimos objetivos, compartimos muchas políticas y, por tanto, espero que pueda ser posible que estos acuerdos y este Presupuesto puedan ver la luz”, ha reiterado, interpelando de nuevo a los republicanos.
Además, ha asegurado que en materia de vivienda estas cuentas contemplan “las políticas más ambiciosas nunca desplegadas” con unos recursos, afirma, sin precedentes, y ha reivindicado las medidas aplicadas hasta ahora por el departamento, sosteniendo que algunos resultados empiezan a respaldar la línea seguida por el Govern.
1.900 millones para vivienda
En el ámbito de la vivienda, la conselleria contará con 1.250 millones de recursos propios y 650 millones vinculados al Institut Català de Finances (ICF), orientados a afrontar la “emergencia habitacional”, ampliar el parque público, impulsar la rehabilitación y acometer mejoras urbanísticas, especialmente mediante el Pla de Barris.
En el primer bloque, las ayudas al alquiler pasarán de 200 a 300 millones, con el objetivo de sumar 40.000 prestaciones más a las 84.000 previstas en 2025; se destinarán 50 millones a préstamos sin intereses para jóvenes que quieran adquirir vivienda; el fondo de alquiler social dispondrá de 30 millones y se reservarán 16 millones para la futura oficina antidesahucios acordada con Comuns.
Para aumentar el parque público, se habilitarán 150 millones en subvenciones y bonificaciones a propietarios privados y a la construcción directa del Govern a través de Incasòl, mientras que 224 millones se dedicarán a la compra de inmuebles mediante tanteo y retracto.
En rehabilitación del parque de vivienda se contemplan 120 millones de euros (5 millones para municipios pequeños) y, tal como se pactó con Comuns, se duplicarán los fondos y el alcance del Pla de Barris: alcanzará los 400 millones y permitirá financiar intervenciones en 40 barrios cada año.
Transporte público e infraestructuras
La partida para la promoción del transporte público ascenderá a 2.049 millones en presupuesto consolidado, es decir, el volumen global sin repetir transferencias internas entre entes públicos. Una parte muy relevante, en torno a 1.200 millones, se destinará a las Autoritats del Transport Metropolità de Barcelona (1.152 millones), Camp de Tarragona (22 millones), Girona (17 millones) y Lleida (6 millones).
Un total de 60 millones se reservarán a subvenciones para las concesionarias de autobuses interurbanos, entre las que se incluye un plan de choque de 21 millones con 131 actuaciones para mejorar este servicio.
En infraestructuras, el presupuesto consolidado será de 2.244 millones, con la “principal apuesta” en el ferrocarril, al que se asignan 1.491 millones. Entre las actuaciones destacadas figuran la L8 de FGC, la L9 del Metro de Barcelona, el tranvía del Camp de Tarragona y la conexión del Tram de Barcelona por la Diagonal, además del refuerzo de los contratos de gestión de Rodalies.
En la red viaria se prevén 35 millones para nuevas inversiones y 516 millones para conservación y mantenimiento, mientras que los puertos y aeropuertos dependientes de la Generalitat contarán con 44,5 millones. Este capítulo se complementa con otras vías de financiación, como la colaboración público-privada o encomiendas de gestión del Estado.
Transición verde e hídrica
La Generalitat proyecta destinar 983 millones a la política hídrica, de los que 537 millones corresponderán a la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) para inversiones en saneamiento, depuradoras, potabilizadoras y otras actuaciones, y 370 millones se dirigirán al sistema Ter-Llobregat.
En transición energética, el presupuesto consolidado alcanzará los 900 millones para subvencionar el autoconsumo, la instalación de potencia fotovoltaica, las comunidades energéticas y los puntos de recarga para vehículos eléctricos. También se contemplan recursos para la gestión de residuos y para la protección y gestión de la biodiversidad y el paisaje.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
En el turno de los grupos, la diputada de Junts Judith Toronjo ha censurado que se trate de unos Presupuestos condicionados, con mayor presión fiscal y “con la voluntad de exportar al resto del país un modelo fallido en vivienda en Barcelona”, y ha advertido de que sin incrementar la oferta, “ninguna regulación funcionará con parches”.
La diputada de ERC Lluïsa Llop ha recordado que recae en el Govern la responsabilidad de sacar adelante las cuentas y ha defendido que su exigencia de que Catalunya recaude el IRPF no es un capricho ni un chantaje, sino que es “imprescindible para garantizar la justicia social y el bienestar de los catalanes”. Ha añadido que mantienen abierta la puerta a la negociación y que, si finalmente no se aprueban los Presupuestos, contribuirán a promover suplementos de crédito.
Por parte del PP, la diputada Àngeles Esteller ha tildado las cuentas de continuistas y ha afirmado que “consolida las políticas de la izquierda radical” en vivienda. Ha criticado además el pacto con los Comuns para limitar la compra especulativa, al considerar que actúa sobre la demanda y agravará la falta de oferta, y ha calificado de decepcionante la inversión en infraestructuras.
El diputado de Vox Andrés Bello ha puesto en duda que los recursos en vivienda se destinen de forma adecuada, al considerar que se concentran en subvencionar la demanda y adquirir inmuebles ya existentes, cuando, a su juicio, deberían dirigirse a nueva construcción: “Si hay menos viviendas y más dinero compitiendo por ellas, el precio, evidentemente, lo que no va a hacer es bajar”.
Desde los Comuns, el diputado Lluís Mijoler ha asegurado que las cuentas llevan en gran medida el sello de su formación, que son ambiciosas si se ejecutan, y ha defendido que aportan certidumbre en el ámbito residencial: “Seguridad para vivir y enraizar. Seguridad para que el mercado no decida quién puede quedarse y quién debe irse”.
El portavoz de la CUP, Dani Cornellà, ha cuestionado algunas inversiones en infraestructuras por su impacto en el turismo y ha denunciado que la movilidad ferroviaria en Catalunya es un “desastre”. En vivienda, ha valorado que con la limitación de las compras especulativas “como mínimo, se empieza a afrontar la realidad”, aunque ha precisado que su grupo iría más lejos.
Por último, la diputada de PSC-Units Eva Candela ha destacado que las cuentas encaran la crisis de vivienda mediante una “apuesta estructural por garantizar un derecho básico que incide directamente en la igualdad de oportunidades”, y en materia de movilidad ha puesto en valor las inversiones previstas para reforzar, modernizar y ampliar la red ferroviaria.