QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Residentes del asentamiento ubicado en el antiguo instituto B-9 de Badalona (Barcelona) han reclamado este viernes en el Parlament “regularización y alternativa habitacional” para las más de 400 personas que viven en el recinto ante la proximidad de su desahucio.
Las peticiones se han formulado en una rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que han comparecido junto al diputado de Comuns Andrés García Berrio, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, la representante de “Regularización ya” Vicky Columba y la abogada Mireia Salazar.
Columba ha denunciado que “Lo que no pueden es hacer un desahucio bajo la presión racista del señor Albiol, con el apoyo de otras fuerzas políticas que no dicen nada”, en referencia al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. También ha censurado que ERC no les haya dado respaldo, pese a apoyar en el Congreso la ILP a favor de una regularización de inmigrantes.
Según la portavoz de “Regularización ya”, “Me parece un poco hipocresía y falta de valentía política. No se puede decir una cosa a nivel estatal y otra a nivel local. No están dando apoyo, están haciendo silencio administrativo”, y ha añadido que Junts, a su juicio, está bloqueando la tramitación de la ILP.
Un posible macrodesalojo sin alternativa residencial
Salazar ha criticado que el Ayuntamiento de Badalona no asegure “recursos residenciales” para después del lanzamiento, algo que, ha subrayado, debería ser un requisito imprescindible ante lo que ha calificado como un “macrodesalojo”, que podría ejecutarse en cualquier momento dentro de los próximos 15 días.
La letrada ha explicado además que han presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) una solicitud de “tregua invernal” para que no se lleve a cabo el desalojo hasta que pase el invierno y se acuerde su suspensión inmediata y cautelar.
“Agotaremos todas las instancias disponibles para evitar la perpetración tan evidente de esta vulneración de derechos fundamentales”, ha advertido Salazar, que ha reprochado al consistorio que, según sus datos, tenga previsto destinar 400.000 euros a la demolición del B-9 en lugar de invertir esos fondos en ofrecer alternativas habitacionales a las familias afectadas.
