Residentes del asentamiento ubicado en el antiguo instituto B-9 de Badalona (Barcelona) han reclamado en el Parlament “regularización y alternativa habitacional” para las más de 400 personas que residen en el recinto ante el desahucio que, según denuncian, puede ejecutarse de forma inminente.
Las demandas se han expuesto este viernes en una rueda de prensa en la Cámara catalana, en la que han intervenido junto al diputado de Comuns Andrés García Berrio, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, la representante de “Regularización ya” Vicky Columba y la abogada Mireia Salazar.
Columba ha censurado que “Lo que no pueden es hacer un desahucio bajo la presión racista del señor Albiol, con el apoyo de otras fuerzas políticas que no dicen nada”, en referencia al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol. Ha lamentado igualmente que ERC no se haya posicionado a su favor, pese a que en el Congreso sí respalda la ILP para la regularización de personas inmigrantes.
“Me parece un poco hipocresía y falta de valentía política. No se puede decir una cosa a nivel estatal y otra a nivel local. No están dando apoyo, están haciendo silencio administrativo”, ha añadido la portavoz de “Regularización ya”, que también ha responsabilizado a Junts de poner trabas a la tramitación de la ILP.
Críticas al Ayuntamiento y petición de tregua invernal
Por su parte, la abogada Mireia Salazar ha denunciado que el Ayuntamiento de Badalona no garantiza “recursos residenciales” tras el desalojo, algo que considera una condición mínima imprescindible ante lo que ha calificado de “macrodesalojo”, que podría ejecutarse en cualquier momento dentro de los próximos 15 días.
Salazar ha explicado que han solicitado una “tregua invernal” ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para que el lanzamiento no se lleve a cabo hasta la primavera y se acuerde su suspensión inmediata y cautelar.
“Agotaremos todas las instancias disponibles para evitar la perpetración tan evidente de esta vulneración de derechos fundamentales”, ha advertido la letrada, que ha reprochado al consistorio que, según sus datos, vaya a destinar 400.000 euros al derribo del B-9 en lugar de emplear esos fondos en ofrecer soluciones habitacionales a las familias afectadas.