La representante de la CUP en el Parlament, Laure Vega, ha descrito como un ‘ataque político’ la resolución del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que invalida parcialmente el decreto sobre el régimen lingüístico educativo en Cataluña.
En una conferencia de prensa celebrada el miércoles en el parlamento catalán, Vega estuvo acompañada por Tània Ros, portavoz del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC); Gerard Furest, portavoz de la Plataforma Pública i en Català (PIEC) y coordinador de la comisión de lengua de la Intersindical; Joan Ribet Casademunt, miembro del secretariado nacional de USTEC, y Laia Estapé, representante de la CGT.
Vega ha expresado su descontento con la sentencia, señalando que no altera los artículos que dictan la estructura interna de las escuelas, ‘pero sí tocan la vehicularidad’, lo cual considera un ataque directo a la misma y a la inmersión lingüística, que percibe en peligro.
Además, ha advertido que esta decisión judicial es ‘un preámbulo de lo que queda por venir’ y un aviso para toda la población catalana.
‘Estamos viendo que en Cataluña los tribunales están intentando imponer las políticas que en el resto de los Países Catalanes son promovidas por PP y Vox’, criticó, asegurando que la CUP siempre se opondrá a estas medidas.
La diputada ha lamentado que se estén enviando mensajes contradictorios a los catalanes, indicando que ‘la lengua no es suficientemente importante como para ser un derecho garantizado’ y que el catalán ya no se considera un derecho para aquellos que deberían aprenderlo en las escuelas.
‘Lo que están diciendo los tribunales es que el voto de los catalanes no cuenta, que las políticas de los catalanes las decidirán tribunales’, denunció, añadiendo que todas las fuerzas democráticas deberían posicionarse en contra.
Respecto al anuncio de que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, apelará la sentencia del TSJC, Vega ha comentado que ‘es una buena noticia’.
CONTRADICCIÓN LEGISLATIVA
Gerard Furest ha manifestado que esta sentencia del TSJC muestra una ‘contradicción clarísima’ con la ley de Educación de Catalunya de 2009.
‘Entendemos que el Estado español es una etnocracia que favorece los intereses de un determinado grupo cultural y lingüístico’, declaró, sugiriendo que esta sentencia podría permitir que las escuelas elijan la lengua para acoger a alumnos nuevos según su propio criterio.
Tània Ros ha indicado que los datos sobre usos lingüísticos son ‘cada vez más alarmantes’, y ha criticado que las iniciativas de las instituciones catalanas se topen constantemente con obstáculos judiciales.
El representante de USTEC ha instado a la Generalitat a defender el catalán, mientras que la delegada de CGT ha expresado su desconfianza en la capacidad del Govern para revertir la situación.