Vox ha presentado en el Congreso, en el Senado y en las cámaras legislativas de las comunidades autónomas una iniciativa parlamentaria con la que insta a “repudiar” el acuerdo de financiación autonómica cerrado por el Gobierno con ERC, al considerar que “privilegia a unas regiones por encima de otras por criterios exclusivamente políticos”, con especial referencia a Catalunya.
En esta proposición no de ley, la formación que lidera Santiago Abascal sostiene que el nuevo modelo de financiación autonómica obedece al pago de “peajes políticos” exigidos por el partido independentista catalán para “sostener” al Ejecutivo central, y alerta de que no persigue la equidad ni la solidaridad territorial entre comunidades.
“Consolida el chantaje separatista como método ordinario de gobierno y profundiza en la ruptura del principio de igualdad entre españoles”, resumen desde Vox en el texto registrado.
La iniciativa detalla que el sistema “supone un incremento masivo de los recursos del sistema autonómico, financiado mediante una mayor presión fiscal sobre los contribuyentes y una cesión creciente de impuestos estatales, sin exigir control del gasto ni rsponsabilidad a las administraciones autonómicas”. Por ello, lo califican de “expolio fiscal encubierto”.
Crítica al uso de los recursos autonómicos
Además, Vox subraya que “el separatismo ha utilizado históricamente los recursos obtenidos mediante estos acuerdos para atacar la unidad de España, financiar estructuras clientelares y promover políticas contrarias al interés general”.
En consecuencia, el partido de Abascal, que rechaza el modelo autonómico vigente, demanda en la proposición no de ley recuperar “una perspectiva nacional” en la gestión de los servicios públicos y de los tributos, “que garantice que las prestaciones lleguen a todos los españoles independientemente de la parte de España en la que residan y que “se ponga fin” a este sistema territorial.
En coherencia con esta postura, Vox reclama también suprimir el gasto político que considera improductivo y que, a su entender, genera el Estado de las autonomías y los gobiernos regionales, a los que define como “17 redes clientelares”, así como acometer una rebaja generalizada de impuestos para el conjunto de los ciudadanos.