La diputada de Vox en el Parlament, María García Fuster, y el presidente de Metges de Catalunya (MC), Xavier Lleonart, acompañados por otros miembros del sindicato, han reclamado este miércoles en la Cámara catalana la creación de un Estatuto Médico propio.
La petición se ha presentado en una rueda de prensa conjunta, celebrada después de que Vox haya registrado en el Parlament una propuesta de resolución que insta al Gobierno central a impulsar “los cambios legislativos necesarios” para poner en marcha dicho Estatuto Médico.
La diputada, que ejerce como médica, ha insistido en que “Son los médicos los que tienen que gestionar y negociar sus condiciones laborales, porque son ellos los que saben qué necesitan los pacientes, única y exclusivamente”.
En paralelo, unos 500 facultativos se han concentrado este miércoles en Barcelona en el inicio de la huelga de médicos convocada en Catalunya por Metges de Catalunya, con el objetivo de exigir un convenio y un marco propio de negociación en relación con el Estatuto Marco.
Según García Fuster, se trata de una huelga que “se ven obligados a hacer los médicos para exigir unas condiciones laborales dignas que permitan ofrecer a los pacientes la calidad asistencial que se merecen”.
“ESTAMOS CON QUIEN DEFIENDA LA MEJORA”
Por su parte, Lleonart ha reclamado acabar con la precariedad y abordar asuntos como las guardias de 24 horas, y ha subrayado: “Se tiene que hablar de condiciones asistenciales y laborales de los médicos con los representantes legítimos de los médicos, porque hay una serie de sindicatos que hacen el juego a la administración”.
Al ser preguntado por el hecho de que sea Vox quien haya llevado al Parlament la propuesta sobre el Estatuto Médico, el presidente del sindicato ha respondido que “esto no va de colores políticos, va de condiciones asistenciales y laborales”.
“Por lo tanto, aquí estamos con quien defienda la mejora de estas condiciones”, ha añadido, antes de remarcar que el objetivo del colectivo es que la huelga afecte lo mínimo posible a la ciudadanía, aunque ha defendido que se trata de un perjuicio --textualmente-- necesario para proteger el sistema público de salud.