La legislación europea tiene un notable peso en las leyes que aprueban las Cortes Generales españolas. Según datos del informe anual de la Oficina del Parlamento Europeo en España, en 2024 el 46% de las iniciativas aprobadas por Congreso y Senado derivan de directrices y/o decisiones europeas; una cifra que en el último lustro se ha mantenido relativamente estable, rondando el 50%.
Leyes con sello de la UE
A lo largo de 2024, las Cortes han aprobado un total de 25 leyes: 10 Reales Decretos-Ley, 10 proyectos de ley y 5 proposiciones de ley. De este montante, 11 regulan aspectos con raíz europea: cinco trasponen directivas europeas al ordenamiento jurídico de España o se adaptan o desarrollan reglamentos europeos, y las otras seis contienen referencias o se basan en disposiciones europeas.
Leyes nacionales aprobadas con transposición de directivas o desarrollo de reglamentos europeos:
- En el ámbito de la Igualdad, se aprobó el Proyecto de Ley de representación paritaria, que transpone la Directiva europea (2022/2381) relativa al mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas. Pero el Gobierno quiso ir más allá y, además de obligar a las empresas de capitalización bursátil a adaptar sus consejos de administración para cumplir la regla del 60/40 (que debe haber un mínimo de un 40% de mujeres y que el sexo predominante no pueda superar en ningún caso el 60%); extendió la norma a nombramientos del Poder Judicial, Consejos de Estudiantes, sindicatos, fundaciones y Tercer Sector de Acción Social.
- En materia de Cooperación judicial, se aprobó el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales; más conocida como ECRIS.
Su objetivo es mejorar el intercambio de información sobre antecedentes penales y la consideración de resoluciones judiciales en la UE. Así las cosas, se facilita a los Estados miembros el acceso al historial delictivo de una persona. - En lo tocante a Política social y Empleo, se aprobó el Real Decreto-ley 2/2024, de 21 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para la simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, y para completar la transposición de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo.
Esta directiva establece, fundamentalmente, unos requisitos mínimos de conciliación familiar y la vida profesional de progenitores y cuidadores, y más concretamente, en relación a los permisos de paternidad. Se regula el permiso de lactancia y la flexibilización de la jornada para empleados públicos. - En el ámbito fiscal, se han aprobado la Ley por la que se establece un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud; y el Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social.
Al margen de las cinco antecitadas iniciativas, hay otras seis leyes nacionales aprobadas con referencias europeas:
-Ley de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil.
-Ley de Enseñanzas Artísticas. Parte del texto se basa en los compromisos adquiridos en el marco del Proceso Bolonia para la reforma de los sistemas de educación superior.
-Ley básica de agentes forestales y medioambientales.
-Ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. En este caso, el vínculo reside en que la ley justifica parte de su articulado en los compromisos europeos en materia de derechos humanos y en la lucha contra el terrorismo.
-Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social.
-Real Decreto-ley 10/2024, de 23 de diciembre, para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025.
Prioridades de la UE
El informe señala que, en 2024, el Consejo de Ministros dio luz verde a una veintena de normas infralegales (sin rango de ley) con adaptación a directivas o reglamentos europeos.
El Consejo de Ministros aprobó en 2024, 20 Reales Decretos que incluyen transposición de directivas o se adaptan a lo especificado en reglamentos europeos.
En su mayoría, están relacionados con asuntos que la Unión Europea se fija como prioridad
De la veintena, destacan algunos reales decretos como el que aumenta la protección de los y las trabajadores frente a la exposición a agentes cancerígenos en el ámbito laboral; el que aprueba el Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante para proteger a las personas que denuncian irregularidades dentro de organizaciones públicas o privadas; o el que recoge las normas de entrada, residencia y trabajo en España para trabajadores temporeros, de alta cualificación, investigadores, estudiantes en prácticas y nacionales de terceros países.
El que más deberes tiene
A fecha de diciembre de 2024, el Gobierno de España tiene pendiente de transponer a la legislación nacional 87 directivas europeas. Una cifra abultada que sitúa a España a la cabeza de la UE como el país con más expedientes de infracción abiertos, seguido de Polonia, con 86; Grecia, con 81; y Bulgaria, con 79.
De las 87 directivas pendientes, 31 ya han caducado, cuatro están a punto de caducar y 52 se encuentran en plazo.
En el último año, 2024, hay cuatro directivas de especial importancia que España habrá de transponer. Una relativa a la calidad del aire que impone límites más estrictos a la emisión de contaminantes a la atmósfera (fecha límite, 11 de diciembre de 2026); una de trata de personas (fecha límite, 15 de julio de 2026); una de violencia machista (fecha límite, 14 de junio de 2027); y una relativa a la creación de una tarjeta europea de discapacidad para allanar las dificultades que estas personas padecen a la hora de viajar y acceder a ciertos servicios y actividades de la UE (fecha límite, 5 de junio de 2027).
Además, se han aprobado 84 reglamentos europeos, que son de aplicación directa tanto en España como en el resto de Estados miembros. Los reglamentos no se tramitan en las Cortes Generales, como si ocurre con las directivas, a no ser que alguna normativa nacional entre en conflicto y deba ser modificada.
Entre los 84 aprobados en 2024, destacan cuatro:
-Productos obtenidos del trabajo forzoso. Este Reglamento pretende erradicar el trabajo forzoso en toda la cadena de suministro de productos. Para ello prohíbe la comercialización de productos, ya sea fabricados en la UE o importados, que se hayan obtenido a partir de esta forma de explotación. Fecha límite, 14 de diciembre de 2027.
-Inteligencia Artificial. El Reglamento se yergue como la primera regulación mundial en esta materia, estableciendo un marco normativo para garantizar su seguridad, ética, fiabilidad y el respeto a los DDHH. Fecha límite, 2 de agosto de 2026.
-Recogida de datos en alquileres turísticos. Se establecen normas comunes en el sistema de registro y requisitos de intercambio de datos recogidos por las plataformas de alquileres de vivienda de corta duración. Europa se ha fijado como objetivo de legislatura la Vivienda, con lo que se esperan nuevas decisiones en este campo. Fecha límite, 20 de mayo de 2026.
-Empastes dentales sin mercurio. Prohíbe el uso de amalgamas dentales (empastes) con mercurio añadido por su alta toxicidad. Desde el 1 de enero de 2025 estos empastes no podrán emplearse en tratamientos dentales, ni tampoco exportarse. Desde el 1 de julio de 2026 también se prohibirá su fabricación en la UE y su importación.