QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Asamblea de Madrid ha convalidado este jueves, con el apoyo exclusivo del PP y el rechazo conjunto de Más Madrid, PSOE y Vox, la reforma de la Ley de Hacienda de la Comunidad, una norma que, según el Ejecutivo regional, persigue “mejorar la gestión” del sector público madrileño.
Durante el debate del dictamen de la comisión de Presupuestos y Hacienda, el PP ha defendido este nuevo marco legal, que sustituye a la anterior Ley 9/1990 tras 35 años de vigencia y deroga igualmente la Ley 1/1989, del Control Parlamentario de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.
El diputado ‘popular’ Carlos González ha sostenido que, con la entrada en vigor de esta nueva Ley de Hacienda, se “refuerza e impulsa” el papel de Madrid como comunidad autónoma “con los mejores datos de gestión de España” y se avanza hacia una Administración regional “más moderna y flexible”.
“Esta ley es una ley necesaria, perfectible como toda obra humana, pero que va a mejorar la gestión y el control del sector público madrileño. El objetivo es estar siempre al servicio del interés general y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los madrileños”, ha enfatizado el parlamentario del PP.
Críticas de la oposición a la reforma
Desde Vox, la diputada Ana Cuartero ha anunciado que su grupo no respaldará “ningún desarrollo legislativo que promueva el federalismo, en ninguna de sus formas” y ha interpelado al PP sobre en qué se diferencia Madrid “de Cataluña o País Vasco” con este proyecto normativo.
En su intervención, ha acusado a los populares de que “no solo gestionan las políticas de la izquierda, sino que se sienten cómodos disfrutando de los privilegios peleados por los nacionalistas y de las victorias políticas que han conseguido en estos últimos 40 años”, al tiempo que ha asegurado que el PP nunca “ha revertido ni siquiera un ápice ninguno de los avances del nacionalismo, del socialismo, de la apología climática o del fundamentalismo woke”.
Por parte del PSOE, el diputado Daniel Rubio ha defendido que la nueva ley “cambia toda la arquitectura institucional de la área económica de la Comunidad de Madrid” y ha censurado que se haya impulsado “de prisa y corriendo”. “Es una estafa, no es una verdadera democracia”, ha lanzado desde la tribuna.
Rubio ha advertido de que se trata de un “retroceso institucional” que debilita los contrapesos y la labor de la Cámara de Cuentas. “El Gobierno es el que pasa a controlarse a sí mismo y esta Asamblea pierde toda la capacidad real de interlocución y de fiscalización (…) Descentralizan el poder económico y debilitan los controles”, ha reprochado.
La diputada de Más Madrid Raquel Huerta ha calificado la norma como “una pieza más en un chusco y cutre engranaje pensado por el PP”, concebida, a su juicio, como un “escudo” para “evitar controlarlos y fiscalizarlos”.
En esta línea, ha puesto en duda qué intereses se protegen con la modificación y ha asegurado que pretende “blindar en una ley el marco más propicio para eludir el control, la rendición de cuentas y para usar el dinero de los madrileños”.
Claves y alcance de la nueva Ley de Hacienda
Cuando el texto fue aprobado en el Consejo de Gobierno, la Comunidad explicó que su finalidad es ordenar y actualizar el funcionamiento del sector público autonómico, su sistema contable, la programación presupuestaria y el control financiero, reforzando al mismo tiempo la comunicación y la transparencia con la Asamblea y acometiendo una reforma de la Ley de Subvenciones.
La norma precisa la naturaleza de las sociedades mercantiles dependientes del Ejecutivo regional, incluidas las que se integran en un grupo, y dentro de estas las contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio, con el objetivo de alinearse con la legislación estatal y reconocer la realidad específica de estos entes en la Comunidad de Madrid.
Entre los aspectos más relevantes figura la exclusión expresa de las universidades públicas y sus organismos dependientes de los Presupuestos Generales del Gobierno regional, pese a seguir formando parte del sector público autonómico. Esta decisión se adopta con la finalidad de “respetar” la autonomía universitaria.
El texto incorpora también novedades en materia de programación plurianual a medio plazo y de estabilidad presupuestaria, y establece un régimen específico para el ejercicio de la función interventora en el ámbito de personal, evitando que tenga que regularse cada año en las leyes de presupuestos.
Se revisan y actualizan los bloques relativos a la Hacienda autonómica, como los derechos y obligaciones, las fuentes de ingresos, la política financiera o los sistemas de auditoría y control, con el fin de adaptar el marco normativo a la realidad actual, según ha explicado el portavoz del Gobierno regional.
El Ejecutivo subrayó que, en las más de tres décadas en las que ha estado en vigor la normativa anterior, han surgido nuevas figuras jurídicas, como fundaciones o consorcios, que hacían imprescindible una revisión para evitar duplicidades y ajustarse a la normativa europea, estatal y autonómica vigente.
Además, quedan derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que contradigan lo previsto en la nueva ley, lo que, según el Gobierno regional, contribuye a combatir la hiperregulación y a eliminar normas obsoletas, redundantes o innecesarias.
La nueva Ley de Hacienda introduce asimismo una regulación “más clara de las operaciones económicas”, sistematizando cuestiones que hasta ahora se recogían en las cuentas públicas, como las operaciones financieras activas. Del mismo modo, diferencia entre la Tesorería General, que comprende todo el sector público salvo las universidades, y la Tesorería Central, encargada de gestionar los recursos financieros de la Administración autonómica y de los entes que no disponen de gestión propia en este ámbito.
