El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha expresado su descontento con el PSOE, tachándolo de «cinismo y cobardía» por utilizar una pregunta parlamentaria sobre Justicia para solicitar el cese de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
«Es un acto de cinismo y de cobardía escudarse en una pregunta para supuestamente tratar de enterarse sobre los medios que la Comunidad de Madrid pone a disposición de la Justicia para faltar a la verdad y ofender a un magnífico profesional del que me siento muy orgulloso de ser compañero», declaró el portavoz.
Asimismo, García Martín indicó que Rodríguez «le da 200.000 vueltas» al diputado socialista Fernando Fernández Lara, criticando su uso de la inmunidad parlamentaria y una «pregunta falsa y torticera» para mencionar al jefe de gabinete durante una Sesión de Control al Gobierno.
Anteriormente, Fernández Lara había censurado al gobierno regional por «falta de respeto al poder judicial» y había acusado de «defender a defraudadores fiscales mientras atacan a juezas y periodistas». «El Consejo de Gobierno no tardaría ni un segundo en cesar a un cobarde deslenguado que solo se dedica a generar bulos», señaló, pidiendo la destitución del jefe de gabinete.
«LA CLOACA MÁXIMA ESTABA EN FERRAZ»
Para concluir su intervención, el consejero afirmó que «la Cloaca Máxima no está en Roma, sino en Ferraz, y llega hasta el Palacio de la Moncloa», refiriéndose al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en términos de «corrupción de Estado».
García Martín también aprovechó para acusar al Gobierno central de «mantener amordazado al poder judicial» y de «no convocar suficientes plazas de jueces», mencionando un déficit de «al menos 140 magistrados» en la región, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Recordó que el Ejecutivo autonómico «ha destinado más de 840 millones de euros» a la mejora de infraestructuras judiciales y criticó la «ley de eficiencia carente de financiación» del Ministerio de Justicia.