Más Madrid y el PSOE han expresado su descontento este lunes hacia la Comunidad de Madrid, acusándola de actuar como un ‘Cofidis’ o ‘prestamista particular’ con las universidades públicas después de haber impulsado su ‘quiebra’. Mientras, el PP ha defendido que ha incrementado la financiación para estos centros en los presupuestos regionales.
Este intercambio de críticas ocurrió durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas, tras revelarse que la Universidad Rey Juan Carlos enfrenta un ‘déficit’ y que el gobierno regional tiene ‘prácticamente lista’ una oferta de préstamo para la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Según Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Cámara, se ha elaborado un plan para ‘quebrar las universidades públicas y favorecer al sector privado’, criticando que la UCM ‘no dispone de fondos para pagar las nóminas’ de sus docentes. Insistió en la necesidad de un ‘aumento estructural’ de 300 millones de euros que, según ella, resolvería la situación frente al préstamo autonómico que es ‘cortar la yugular primero y luego poner una tirita’.
Mar Espinar, del PSOE, coincide en que existe una ‘estrategia clara’ del PP, señalando que desde 2009 la financiación pública ‘ha descendido un 30%’. Critica que no se puede ‘asfixiar’ ni ‘coartar la financiación de las universidades públicas, que, a pesar de la Comunidad de Madrid, son un referente nacional en educación universitaria, y luego actuar sorprendidos y afirmar que es un favor convertirse en su prestamista particular con intereses’.
Por otro lado, Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, argumentó que la Comunidad invierte un 4% de sus Presupuestos en las universidades públicas y ha aumentado esta cifra en un 4% en las últimas Cuentas, superando así la media de las autonomías. En cuanto a la Universidad Rey Juan Carlos, que sufre un déficit, mencionó que, al igual que con la UCM, se apoyará a la institución para cubrir sus necesidades.
Íñigo Henríquez de Luna, de Vox, opinó que las universidades públicas deben ser tratadas como ‘adultas’ y no como ‘adolescentes que piden la paga’, defendiendo que deben ser ‘corresponsables’ y destacando que existe ‘un problema de gestión’.