El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado a Más Madrid y al PSOE por sus “años instrumentalizando el dolor” de las víctimas en las residencias durante la primera ola de la Covid-19, mientras, a su juicio, no exigen responsabilidades por los 45 fallecidos en el siniestro ferroviario de Adamuz (Córdoba).
En la comparecencia posterior a la primera Junta de Portavoces del año, Díaz-Pache ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid frente a la pandemia y ha subrayado que se “actuó bien” y que así lo “han certificado 143 pronunciamientos judiciales hasta ahora”.
El dirigente ‘popular’ ha respondido a las cuestiones de los medios sobre la declaración del exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, Carlos Mur, en la causa que analiza las no derivaciones de residentes a hospitales. Según ha explicado, Mur ha rechazado ser el redactor de los protocolos y ha apuntado a su sucesor en el puesto, Javier Martínez Peromingo.
Díaz-Pache ha insistido en que en Madrid no existieron “esos protocolos, como si hubo en otros lugares, como Aragón, como en Cataluña”. Asegura que “aquí se actuó correctamente, y aquí la izquierda lleva 6 años politizando el dolor de las víctimas por motivos políticos. Yo creo que esto les incapacita para pedir a los demás que no podamos explicaciones”, ha remachado.
Por otro lado, la portavoz del PSOE en la Cámara regional, Mar Espinar, ha sostenido que del Ejecutivo madrileño no se puede “esperar absolutamente nada” en materia de residencias y ha dicho confiar en la Justicia para que los familiares “por fin encuentren reparación, verdad y justicia”.
“Hay una negligencia por parte de la Comunidad de Madrid que no se puede tapar por mucho que la señora Ayuso se empeñe. 7.291 personas murieron abandonadas en las residencias públicas de la Comunidad de Madrid”, ha manifestado.
La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha señalado que la declaración de Mur viene “a demostrar que los protocolos de la vergüenza existieron” y que se trató de “una decisión política” cuya responsabilidad atribuye a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a la entonces viceconsejera de Sanidad y hoy consejera de Políticas Sociales, Ana Dávila.
“Esperamos que siga la investigación judicial para el que haya verdad, justicia y reparación para las 7.291 personas mayores que murieron de forma indigna”, ha concluido.