El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha avanzado las principales conclusiones que su formación ha extraído de la comisión de estudio sobre el “cupo catalán”, que, según ha reiterado, es “inconstitucional, pone en riesgo los servicios públicos y perjudica especialmente a Madrid”.
En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Díaz-Pache ha explicado que el dictamen definitivo se elevará este miércoles a la Comisión de Estudio encargada de analizar las consecuencias para los madrileños del denominado Acuerdo bilateral del concierto singular de Cataluña.
Con ello se da por finalizada la comisión, constituida el pasado 25 de abril y en la que únicamente ha participado el PP, después de que todos los grupos de la oposición decidieran no intervenir. Vox abandonó el órgano tras rechazarse su lista de comparecientes --en la que figuraban cargos del PP y Carles Puigdemont--, mientras que PSOE y Más Madrid se negaron a formar parte de lo que calificaron de búsqueda de un “circo mediático”.
De acuerdo con un comunicado difundido por el PP, el dictamen que se someterá a aprobación este miércoles recoge siete conclusiones en las que se sostiene que el acuerdo carece de “ningún encaje constitucional, que rompe el principio de igualdad entre ciudadanos como el de solidaridad interterritorial” y que “un cupo catalán conllevaría la necesidad de reformar la Constitución”.
“Este acuerdo trata de modificar la Constitución por la puerta de atrás, de llevarnos a una confederación de manera ilegítima basada sólo en la necesidad de que Pedro Sánchez se mantenga en la Moncloa”, ha afirmado Díaz-Pache.
Según los ‘populares’, la implantación de este acuerdo pondría en peligro la prestación homogénea de servicios públicos en todas las Comunidades Autónomas, dejaría a la Administración General del Estado sin recursos suficientes para asumir las competencias que la Constitución le atribuye, limitaría su capacidad para asegurar el equilibrio territorial y social y provocaría una ruptura de la Agencia Tributaria Estatal.
El documento también subraya que, a la vista de las comparecencias, no se acredita que Cataluña esté infrafinanciada y que su problema no reside en la financiación sino en la gestión. “A pesar de ser la Comunidad Autónoma con las tarifas más altas de las distintas figuras tributarias y la que más impuestos propios tiene, ha generado sucesivos déficits fiscales y una deuda pública que hacen difícilmente sostenible sus cuentas”, recoge el comunicado, en el que se añade que ese “incremento exponencial del gasto no ha estado vinculado a una mayor prestación de servicios públicos”, sino orientado a “generar una estructura del Estado paralela al español”.
El dictamen incide, además, en la posibilidad que contempla el acuerdo de extender estas condiciones a otras CCAA y facilitar una generalización del sistema de concierto, advirtiendo de que “sería una trampa porque lo que propone es desequilibrar el sistema en favor de los territorios, dejando a la Administración central en una posición subordinada”.
Para la redacción del texto final se han incorporado las aportaciones de diversos especialistas en Derecho Constitucional y Financiero, así como de representantes institucionales. Entre ellos figuran la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, Ana de la Herrán; el director de Fedea, Ángel de la Fuente; los catedráticos Raúl Canosa, Gabriel Casado y Vicente Garrido, y el ex director de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruíz-Jarabo.
Todos ellos han expuesto durante los seis meses de funcionamiento de la comisión su análisis sobre el acuerdo bilateral y las implicaciones que podría tener tanto a nivel general como, en particular, para la Comunidad de Madrid, “que saldría especialmente perjudicada”.
“Madrid quedaría, prácticamente, como la única comunidad responsable de financiar la redistribución territorial, lo que pondría en riesgo la prestación de sus servicios públicos o conllevaría un incremento de la presión fiscal sobre los madrileños. De esta manera, se acabaría con el modelo fiscal de impuestos bajos de la Comunidad de Madrid, que es la garantía de prestación de los mejores servicios públicos”, insisten desde el PP.
En esta línea, Díaz-Pache ha remarcado que la Comunidad de Madrid demuestra que, “con impuestos bajos y una buena gestión, las regiones pueden ser prósperas”. Sin embargo, ha criticado que “su sectarismo ideológico les impide reconocerlo y quieren imponer el sistema fracasado de secesionismo catalán, que con 15 impuestos propios no son capaces de financiarse”.