El PP de la Comunidad de Madrid sostiene que la Fiscalía pretende “revertir” la condena impuesta al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz mediante un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), al que define como “otra institución colonizada” por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Esta crítica la ha formulado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, al ser cuestionado sobre el recurso presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal de Garantías contra la sentencia del Tribunal Supremo por la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
“Lo que quiere hacer es nuevamente dejar sin efecto la acción de la Justicia. Hay que recordar que la Justicia en España, el Poder Judicial, termina en el Tribunal Supremo”, ha señalado Díaz-Pache, quien ha subrayado que la misión del Tribunal Constitucional es “velar para la interpretación” de la Carta Magna o de los “ huecos que haya dejado el constituyente respecto a la interpretación”.
A continuación, ha remarcado que “no es un órgano de casación” para “revisar sentencias del Alto Tribunal”, algo que, a su juicio, es el uso que “quiere utilizarlo el Gobierno de Pedro Sánchez y toda la mafia que está a su alrededor para evitar la acción de la Justicia”.
La Fiscalía presentó el viernes un recurso de amparo y también impugnó el auto del Supremo que rechazó el incidente de nulidad planteado contra dicha resolución, hecha pública el pasado diciembre tras un juicio en el que el propio Ministerio Público pidió la absolución de García Ortiz.
El Ministerio Público argumenta que se han vulnerado los derechos de García Ortiz a la presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a conocer la acusación y poder defenderse de ella, así como el principio de legalidad penal.
En relación con el derecho a la presunción de inocencia, mantiene que la sentencia “priva indebidamente de valor exculpatorio a los contundentes testimonios de descargo” de periodistas que “negaron categóricamente” que García Ortiz “fuera su fuente y aportaron datos objetivos incompatibles con la tesis reflejada en los hechos probados, según la cual la filtración considerada delictiva se produjo entre las 22 y las 23.51 horas del 13 de marzo de 2024”.