El PP de Madrid ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de la Asamblea, que ponga fin a la política penitenciaria de “indultos encubiertos” a etarras “a cambio de votos”.
La iniciativa se concreta en una Proposición No de Ley (PNL) presentada tras la Junta de Portavoces por el diputado ‘popular’ Carlos Díaz-Pache.
“Es inadmisible para un Estado de Derecho como el nuestro que aquellos que causaron el terror sean ahora beneficiarios de la desesperación de un Gobierno que quiere seguir en la Moncloa, un gobierno moribundo que quiere estar un minuto más en la Moncloa”, ha afirmado Díaz-Pache, que ha calificado de “vergüenza” que en 2027 el histórico etarra Txapote pueda estar votando a Sánchez “por haberle sacado de prisión”.
En el texto de la PNL, al que ha tenido acceso Europa Press, se reclama el fin de los “indultos encubiertos” y, además, que se hagan públicos los datos sobre la concesión de beneficios penitenciarios durante los últimos siete años.
La propuesta, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, solicita conocer el número de etarras clasificados en tercer grado, el de internos a los que se haya aplicado el régimen de flexibilización previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, así como los permisos ordinarios concedidos.
El PP pide que se acredite si los etarras que reciben beneficios penitenciarios cumplen los requisitos legales, como el abandono efectivo del terrorismo, la colaboración real y activa con las autoridades, el repudio expreso de la violencia, la petición de perdón a las víctimas y la constatación técnica de su desvinculación del entorno terrorista.
Al mismo tiempo, la PNL reclama que se garantice la correcta aplicación del marco jurídico estatal en materia penitenciaria, reforzando los mecanismos de control y supervisión sobre las Administraciones autonómicas con competencias en prisiones, para impedir prácticas que desvirtúen la legislación vigente.
También se plantea dotar a la Fiscalía y a los órganos judiciales de vigilancia penitenciaria de los recursos necesarios para ejercer un control efectivo sobre la legalidad de las resoluciones que se adopten en este ámbito.
Finalmente, el texto insta a impulsar reformas legislativas que impidan el uso de instrumentos excepcionales como los indultos encubiertos y garanticen que la ejecución de las penas se base únicamente en criterios legales, técnicos y objetivos.