El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en la Asamblea de Madrid varias solicitudes formales de documentación dirigidas al Gobierno regional por el “desembolso de 500 millones de euros para los hospitales que gestionan Quirón y Ribera Salud”, mientras que el Ejecutivo autonómico sostiene que estos importes responden a la actividad sanitaria prestada y recalca que se trata de contratos “públicos y transparentes”.
En sus escritos, los socialistas reclaman la remisión de todos los expedientes que amparan estos pagos, así como los informes de la Consejería donde figure “la metodología de cálculo empleado para fijar estas voluminosas indemnizaciones” y “el informe de fiscalización de la Intervención General de la Comunidad de Madrid que da luz verde al abono de estas liquidaciones millonarias”.
En unas declaraciones distribuidas a los medios, el portavoz socialista de Sanidad, Carlos Moreno Vinués, ha afirmado que el Gobierno regional utilizó “el último Consejo de Gobierno del año, a pocas horas de la Navidad, para regar con 500 millones de euros más a los cinco hospitales favoritos de la señora (Isabel Díaz) Ayuso, a los cinco gestionados por empresas privadas”.
Según ha denunciado, “estos 500 millones no costaban en ningún presupuesto, sino que se aprueban escapando al debate parlamentario para intentar ocultar la cuantía final que verdaderamente se desvía a hospitales gestionados por empresas privadas”.
En esta línea, ha censurado que la presidenta madrileña no disponga, a su juicio, de “dinero para reforzar la Atención Primaria con más profesionales”, para “poner en funcionamiento el resto de hospitales públicos por las tardes” ni “para el plan integral contra las listas de espera que se ha visto reducido a la mitad su presupuesto para 2026” pero sí “500 millones más para Ribera Salud tras los escandalosos audios de su CEO y para los hospitales del Grupo Quirón, grupo para el que sigue trabajando con identidad verdadera o falsa” su pareja.
“En cualquier gobierno serio estas complicidades tan evidentes con los intereses de determinadas empresas privadas en lugar de con la salud de todos los madrileños, pues supondrían dimisiones”, ha remachado el dirigente socialista.
Respuesta del Gobierno regional
Desde la Comunidad de Madrid, fuentes del Ejecutivo han indicado a Europa Press que “estos pagos realizados corresponden exclusivamente a la actividad asistencial efectuada con estos centros concesionados de los que se benefician más de 1,2 millones de madrileños”.
Han subrayado igualmente que “los acuerdos, dados a conocer y subidos al portal de la Comunidad de Madrid, el pasado 23 de diciembre, como ocurre siempre que tiene lugar un Consejo de Gobierno, y se producen acuerdos, son públicos y absolutamente transparentes. No se oculta nada, pueden ser consultados”.
Estas fuentes han recalcado, además, que “el PSOE miente y quizá debería de observar más la política oscurantista que sí profesa en materia de transparencia el Gobierno de Sánchez”.
Insisten en que “los pagos efectuados por la actividad asistencial corresponden a 176 millones para la libre elección de la fundación Jiménez Díaz, 370 millones son de liquidaciones, a los concesionados, y por último 106 millones corresponden a los reequilibrios presupuestarios”. Este último concepto es, puntualizan, “fruto de la prestación asistencial al ciudadano entre la que figura mucha actividad de alta complejidad dentro de la cartera de servicios del Sermas, además de otros conceptos muy elevados como es la dispensación de la farmacia”.