La Asamblea de Madrid tiene previsto aprobar este jueves, gracias a la mayoría absoluta del PP y mediante el procedimiento de lectura única, una norma que facultará a la Comunidad para ejercer la acción popular en procedimientos penales donde se vulnere el patrimonio natural o histórico-artístico, o se cometan delitos orientados a obstaculizar el desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como sucedió con los incidentes en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.
El Proyecto de Ley introduce cambios en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; en la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y en la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Aunque el Ejecutivo autonómico se persone para ejercer la acción popular, el anteproyecto precisa que ello no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir también en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), para reclamar el importe de los daños provocados por el delito (acción civil), o para ejercitar cualquier otra acción que considere pertinente.
Críticas de la izquierda
Ante esta iniciativa, Más Madrid y PSOE expresaron este lunes su oposición al entender que persigue "controlar" o "acabar" con las manifestaciones que resulten "incómodas" al Gobierno regional.
Para la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, este proyecto pretende "controlar más a la Justicia y tener excusas para reprimir judicialmente protestas". Su homóloga del PSOE, Mar Espinar, defendía que esta cuestión debería abordarse en el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que se tramita actualmente en el Congreso.
En sentido contrario, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, arremetió contra los "salvajes que asaltaron la Vuelta Ciclista poniendo en riesgo a deportistas y familias" y criticó que la Delegación del Gobierno se situara "del lado de los agresores y no de los agredidos".
Vox, por su parte, consideró "correcto" que la Comunidad de Madrid pueda personarse en determinados procesos judiciales y ha registrado varias enmiendas para "mejorar el texto".
Sesión de control al Gobierno regional
El debate de esta ley se celebrará en la parte central del primer Pleno tras el parón de Semana Santa, que arrancará con la habitual sesión de control al Gobierno autonómico y las preguntas a la presidenta, Isabel Díaz Ayuso.
Además de las cuestiones registradas por los grupos, se prevé que, como es habitual, la actualidad política marque el enfrentamiento entre Ayuso y la oposición. En esta ocasión, el Pleno tendrá como telón de fondo la guerra en Irán y el ultimátum del estadounidense Donald Trump.
También se da por hecho que la agenda judicial entrará en el debate del hemiciclo, con el inicio en el Tribunal Supremo del 'caso Mascarillas' --con Koldo García, el exministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama en el banquillo-- y, en la Audiencia Nacional, del 'caso Kitchen', sobre el presunto dispositivo organizado por la antigua cúpula 'popular' del Ministerio del Interior para sustraer documentación al extesorero del PP Luis Bárcenas.
En el arranque del Pleno, Vox interpelará a Ayuso sobre la asistencia sanitaria universal; el PSOE lo hará acerca de sus metas en sanidad para este año; Más Madrid preguntará por las medidas para proteger el poder adquisitivo de las familias, y el PP por el efecto de las decisiones del Gobierno central sobre el IVA de los carburantes.
En las preguntas dirigidas a los consejeros se tratarán asuntos como el registro horario en las empresas, la Educación Infantil, Madrid Network, el registro de objetores del aborto que ha empezado a tramitar el Ejecutivo regional y la situación de las personas migrantes en proceso de regularización.
Comparecencia por Cercanías y Ley LIDER
Tras esta parte, se abordará la tramitación por lectura única de la Ley LIDER y, posteriormente, intervendrá el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, para dar cuenta del estado de la movilidad en la región ante el "deterioro" del servicio de Cercanías.
Las críticas a la gestión de Cercanías se arrastran desde hace años, con especial énfasis en el Plan de Cercanías para Madrid del exministro Íñigo de la Serna (PP), que, según la Comunidad, se "guardó en un cajón" tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez (PSOE) a La Moncloa.
Antes de Semana Santa, Jorge Rodrigo denunciaba el "parón informativo" del Ministerio que dirige Óscar Puente sobre la red de Cercanías en Madrid y acusaba al ministro de "torpedear" los "servicios públicos de la región". Además, cifraba en más de 300 las incidencias en Cercanías en la región en los tres primeros meses de 2026, con "prácticamente tres o cuatro al día".
Sanidad, Metro, vivienda y empleo, en las PNL
Después llegará el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL). En primer lugar, Más Madrid defenderá una iniciativa para combatir el paro juvenil en los municipios del sur de la región. El texto reclama reforzar el Plan de Empleo Joven 2024-2025 con medidas específicas por áreas, reorganizar las oficinas de empleo con criterios territoriales, impulsar la formación profesional pública y gratuita adaptada al tejido productivo del sur, y promover convenios de prácticas, centros de orientación laboral y programas de inversión industrial.
Más tarde, el mismo grupo presentará otra proposición para exigir una inversión de 2.000 millones de euros destinada a incrementar el parque de vivienda pública en 11.000 nuevas viviendas en la Comunidad de Madrid.
A continuación intervendrá el PSOE con dos PNL. La primera plantea que el Gobierno autonómico ponga en marcha un paquete urgente de ayudas para compensar los efectos de la guerra en Irán y el aumento de los costes energéticos sobre hogares, autónomos y pequeñas empresas, complementando las medidas estatales y fomentando el autoconsumo y las energías renovables.
La segunda iniciativa socialista reclama un 'estirón' de Metro de Madrid, con varias propuestas para extender la red a municipios de la corona metropolitana y a nuevos desarrollos. Entre ellas figuran retomar estudios técnicos y geológicos para llevar el suburbano a El Cañaveral, Los Cerros o Valdecarros, así como conectar nuevas áreas como Parla o Perales del Río (Getafe), garantizando además la gestión pública de la línea 9.
Seguidamente, Vox defenderá una PNL centrada en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con la que pide medidas contra el llamado "turismo sanitario", más transparencia sobre el impacto de la inmigración en el sistema público y la declaración de la "prioridad nacional" en el acceso a la sanidad. Asimismo, insta a solicitar al Gobierno central la derogación de la sanidad universal recuperada por real decreto este año.
Por último, el PP utilizará su mayoría absoluta para sacar adelante una proposición que reclama al Ejecutivo central un Estatuto específico para la profesión médica, que reconozca su especial formación y responsabilidad asistencial, garantice un marco propio de interlocución con el Ministerio de Sanidad y refuerce la coordinación interministerial en su desarrollo.