La Asamblea de Madrid ha reclamado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que retire las tres reformas de la Justicia que están tramitándose al asegurar que «atacan» el Estado de derecho y simbolizan «una repugnante regresión del Poder Judicial».
Concretamente, PP y Vox han sacado adelante una Proposición no de Ley (PNL) ‘popular’ que reclama la retirada del Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial; la ley que ordena el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para la ampliación y fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal; y desista de la aprobación del Anteproyecto de Ley que varía la norma por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También solicita financiar a las CCAA con competencias transferidas en materia de Justicia los costes de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia.
La ‘popular’ Mercedes Zarzelejo ha expuesto en la Cámara su «firme apoyo» a los jueces y magistrados que «con independencia y valentía siguen actuando sin ceder a las presiones del Gobierno, a los fiscales honestos que se rebelan contra la manipulación política de su institución, a los letrados de la Administración de Justicia y a todos los funcionarios que día a día sostienen el sistema con profesionalidad y rigor».
Relaciona esto con la «putrefacción del PSOE» y ha avisado de que España atraviesa un momento «decisivo y delicado» en el que el Estado de Derecho está siendo «atacado frontalmente desde el propio Gobierno de la nación» cuando también «la democracia española atraviesa su peor momento».
«Esta reforma del sistema judicial es un plan premeditado de Pedro Sánchez para convertir al juez en un burócrata, al fiscal en un brazo más del Ejecutivo y a la ciudadanía en un simple espectador (…) Es una repugnante regresión del Poder Judicial», ha reprochado.
Por parte de Vox, la parlamentaria Raquel Barrero ha criticado la denominada ‘Ley Begoña’, que limita la acusación particular, y que permitirá archivar el caso «del hermanísimo» de Pedro Sánchez y «beneficiaría a una serie de terroristas de la ETA que todavía tienen causas en curso».
Además, se ha congratulado de que el PP «por fin se haya dado cuenta» de que España está «ante un Gobierno corrupto, totalitario y que legisla contra España y contra los españoles y que no saca adelante ninguna ley». «La mitad del Gobierno, la familia, las amigas, etc., pues prácticamente cumplen la mitad de los artículos del Código Penal. Quieren jueces y fiscales subordinados», ha alertado.
PSOE DEFIENDE LA «MAYOR TRANSFORMACIÓN» DE LA JUSTICIA
Por el PSOE ha tomado la palabra la diputada Tatiana Jiménez, quien ha censurado que a las intervenciones del PP y Vox «les ha faltado llamar a las armas», afeando que no hayan dicho «ni una sola línea de cualquiera de las leyes que afecten a la independencia judicial».
Ha criticado el «apocalíptico» discurso de la diputada del PP ante la «mayor transformación de la Justicia en décadas» con el objetivo de «adaptarla al Siglo XXI» para que además de ser un poder del Estado sea «un servicio público cercano, ágil y eficaz», acorde con «las exigencias de la sociedad española y con los estándares europeos».
«Es normal que estas reformas puedan generar algunas reticencias, temores, resistencia al cambio, como en cualquier gran transformación, sobre todo en un sector marcado por el inmovilismo», ha remarcado.
Por último, el diputado de Más Madrid Higo Martínez Abarca ha arrancado su intervención reconociendo que «es muy difícil entender» a qué se opone el PP porque en 1985 se aprobó la Ley Orgánica del Poder Judicial y a pesar de llevar en vigor 40 años hay cuestiones que «no se han cumplido» –en referencia al cuarto turno–.
Al hilo, ha criticado que le parezca «una agresión insoportable a la separación de poderes» algo que está en vigor desde hace 40 años y ha recordado que la instrucción de los sumarios por los fiscales «ya lo propuso» el exministro de Justicia y expresidente de la Comunidad, Alberto Ruiz Gallardón, y «desde entonces lo ha propuesto todo el mundo».
«Ustedes lo único que están es como siempre en contra de cualquier avance democrático y modernizador de España como han estado toda la vida y como están ahora muchísimo más en esta ola de ‘trumpismo’ que arrasa las democracias del mundo», ha rematado.
RECLAMACIÓN DE LA COMUNIDAD
Precisamente, la semana pasada la Comunidad de Madrid exigió al Gobierno central a paralizar sus reformas de la Justicia en marcha por «atentar contra la independencia judicial y la separación de poderes consagrados en la Constitución Española».
El Consejo de Gobierno acordó la petición formal para solicitar la retirada de estas tres normas al considerar estos proyectos en materia de Justicia han conseguido «alarmar a los principales operadores jurídicos de España», como el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE).
Asimismo, todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, han acordado ir a la huelga de tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas.
En el manifiesto leído durante el paro del 11 de junio, representantes de las asociaciones de jueces y fiscales advirtieron de que la «independencia judicial, clave para hablar de una democracia real y de una verdadera integración en la Unión Europea, está bajo amenaza por las recientes iniciativas legislativas».