El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha puesto en duda este jueves la “aceleración” del Gobierno central en la concesión de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) a más de medio centenar de macroplantas fotovoltaicas. Además de exigir auditorías sobre estos expedientes, ha insistido en la conveniencia de una evaluación conjunta a escala territorial para valorar su efecto real.
Novillo ha comparecido en el Pleno de la Asamblea de Madrid para detallar los motivos por los que han solicitado una auditoría independiente al Gobierno de España, en relación con casos como el de Forestalia, donde se apuntan posibles irregularidades en la tramitación de estos proyectos.
El consejero ha señalado que existen extremos que deben aclararse por “presunta corrupción vinculada a autorizaciones similares”, en este caso de aerogeneradores, a la empresa Forestalia y por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.
“Las 53 declaraciones han sido estudiadas, tramitadas y emitidas por los cargos socialistas involucrados en el asunto sujeto a investigación criminal. Por lo tanto, comprenderán lo justificado de nuestra desconfianza y de nuestra petición de auditoría de las declaraciones de impacto realizadas por ese equipo ministerial antes de la señora (Teresa) Ribera y ahora de la señora Aagesen”, ha explicado.
A su juicio, se han producido “alteraciones” en el orden lógico de la evaluación de impacto ambiental en la implantación de estas infraestructuras energéticas, lo que supone “una distorsión en cuanto a la planificación y ordenamiento territorial”.
Entre los aspectos que más les “inquietan”, Novillo ha mencionado la “aceleración ministerial” en la tramitación de los expedientes y ha asegurado que incluso se ha implicado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, pese a que “nadie le ha dado vela en ese entierro”, sugiriendo que los intereses en juego tendrían “poco que ver con el rigor”.
Por ello, el consejero ha reclamado que el Ministerio lleve a cabo una evaluación ambiental acumulativa de ámbito territorial sobre las instalaciones fotovoltaicas de gran capacidad, “que permita analizar el impacto conjunto de los proyectos sobre la biodiversidad, el paisaje, el suelo, incluyendo el suelo agrario y las infraestructuras”, lo que, ha dicho, permitiría alinear definitivamente al país con las exigencias de la Unión Europea.
Vox reclama los “indicios” de corrupción
El portavoz adjunto de Vox, Íñigo Henríquez de Luna, ha pedido a la Comunidad que concrete los “indicios” que le llevan a sospechar de “prácticas corruptas” en la autorización de las 53 plantas fotovoltaicas.
Ha admitido sentirse “defraudado” por no haber recibido estas aclaraciones por parte del consejero y ha defendido que la soberanía energética debe sustentarse en que los españoles dispongan de “una energía abundante, barata, que no atente contra nuestro patrimonio natural, agrícola, paisajístico”.
“Y es evidente que también una energía limpia, limpia en todos los sentidos. También que esté lejos de cualquier mancha de corrupción”, ha remarcado, para señalar a continuación al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
El PSOE exige pruebas de las supuestas irregularidades
En nombre del PSOE ha intervenido José Luis García, quien ha subrayado que PP y Vox caminan “cada vez más juntitos” en la construcción de un “frente común contra el Gobierno de España” apoyado en una “cartita” a la vicepresidenta, mientras que los populares, ha recordado, llevan 30 años al frente de la Comunidad y “y en materia de energía no ha hecho nada”.
“Creo que si usted pone en duda a todos los funcionarios del Ministerio de Transición Ecológica, también te pondrá en duda a sus funcionarios, cosa que me parece lamentable. Creo que ustedes, o al menos no ha dicho ninguna, que objeciones o deficiencias ha encontrado”, ha lanzado García.
El diputado socialista ha defendido la actuación del Gobierno de España en la tramitación de las DIA y ha recordado a Novillo que su consejería “ha informado favorablemente” todas estas plataformas.
Más Madrid pide concretar qué DIA están bajo sospecha
El parlamentario de Más Madrid Alejandro Sánchez ha reivindicado el despliegue de las energías renovables como pieza esencial de la “soberanía energética” frente a la dependencia de combustibles fósiles procedentes de Rusia o de las monarquías del Golfo.
En relación con la carta remitida a Aagesen, ha reclamado también que se especifique, “bulos aparte”, cuál de las 53 declaraciones de impacto ambiental es la que la Comunidad de Madrid considera bajo sospecha de corrupción.
“Ustedes han dado los informes favorables para todas esas 53 declaraciones de impacto ambiental. ¿A cuál de esas 53 declaraciones de impacto ambiental usted se está refiriendo?”, ha preguntado Sánchez, reclamando que se concrete si alguna de ellas se considera irregular.