La Comunidad de Madrid sostiene que las actividades culturales que se llevan a cabo en el monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, son compatibles con su preservación. El Ejecutivo regional destaca que, desde 2010, se han destinado más de 2,5 millones de euros a la conservación de este conjunto del siglo XII, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1984.
Así lo ha manifestado el director general de Patrimonio y Cultura de la Oficina del Español, Bartolomé González, durante su comparecencia en la Comisión de Cultura de la Asamblea de Madrid, en respuesta a la diputada de Más Madrid Alicia Torija, que preguntaba por la compatibilidad de dichas actividades con la protección del monumento. “La respuesta es sencilla, sí”, ha señalado al comienzo de su intervención.
González ha puesto en valor el “compromiso sostenido” del Gobierno autonómico con este enclave, con una inversión acumulada de 2.509.000 euros desde 2010 destinada a estudios previos, obras de restauración, consolidación estructural, mejora de la accesibilidad y trabajos de catalogación.
“El Gobierno de la Comunidad de Madrid entiende que la puesta en valor del patrimonio cultural, cuando se realiza de forma ordenada, controlada y respetuosa, constituye una herramienta esencial para garantizar su protección a largo plazo”, ha afirmado el responsable regional.
Protocolo de usos y supervisión de actividades
Por otro lado, la diputada de Más Madrid Alicia Torija ha censurado la “ambigüedad” de las respuestas del Ejecutivo regional en torno al protocolo de usos del monasterio y ha asegurado que, hace menos de un mes, se le comunicó que dicho documento no existía.
“¿Dónde está ese protocolo? ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer un protocolo?”, ha preguntado, reclamando aclaraciones sobre quién es el responsable de su redacción y qué intervención tienen la fundación gestora y el Ayuntamiento en el mismo.
En este punto, el director general ha precisado que había un documento previo, con una vigencia limitada, que había expirado y que ya ha sido renovado. Ha explicado que el nuevo protocolo ha sido redactado por la Dirección General, junto con técnicos municipales y la Fundación que gestiona el monasterio, y que fija el marco regulador de los usos permitidos en el recinto.
González ha añadido que el texto establece que solo se autorizan actividades que cumplan requisitos como su carácter temporal, el control de aforos y recorridos, la ausencia de riesgos para los elementos originales del bien y la coherencia con los valores simbólicos del lugar.
Además, ha recalcado que todas las iniciativas están sometidas a una evaluación previa y a un sistema de seguimiento que permite detener cualquier actividad que pueda poner en peligro la integridad del monumento.
Más Madrid denuncia "ambigüedad" y reclama mayor control
La parlamentaria de Más Madrid ha advertido de que la “ambigüedad” de las contestaciones del Gobierno regional genera “inquietud” sobre el nivel de protección del monasterio, al que ha descrito como “una de las joyas patrimoniales” de la Comunidad de Madrid.
En su intervención, ha recordado la controversia del año pasado por la celebración del “Monasterio Festival”, un evento de pequeño formato, de tipo cantautor, con un aforo previsto de medio millar de personas en el interior del conjunto monumental.
También ha cuestionado la conveniencia de permitir la presencia de elementos como grupos electrógenos o colillas en este espacio BIC. Aunque ha reconocido que el patrimonio debe mantenerse en uso, ha subrayado que ello tiene que ir acompañado de una “muy estrecha vigilancia” que, a su juicio, corresponde ejercer a la Comunidad de Madrid.
En su turno final, González ha puntualizado que los protocolos tienen una duración limitada y se revisan y actualizan en función de la evolución del monumento y de los usos que se plantean.
Ha aclarado que el protocolo se aprueba desde la Dirección General, si bien se traslada a la fundación, que puede formular sugerencias. “El protocolo lo aprueba la dirección general”, ha remarcado.
Asimismo, ha reiterado que la Comunidad mantiene una supervisión permanente y actúa cuando detecta propuestas de actividades que no resultan adecuadas. “Cuando ha habido alguna pretensión de hacer algún evento que no preservaba los valores del bien, hemos puesto todas las pegas y no se han hecho”, ha asegurado, defendiendo que el uso del patrimonio ha de ser siempre compatible con su conservación.