El director general de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid, Ignacio Ayres, ha insistido en que no ha habido «ninguna censura al informe» de Arcópoli sobre incidentes de odio motivados por LGTBIfobia en la región que se publica anualmente, tras las acusaciones del diputado del PSOE en la Asamblea Santiago Rivero de estar «amordazando a las entidades sociales», con «censura y amenazas de retirar las subvenciones».
Así lo han expuesto en la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de este lunes, en la que ambos se han pronunciado sobre un tema que la propia entidad Arcópoli puso sobre la mesa a mediados de mayo, cuando dijo trabajar bajo «un clima de presión».
Ayres ha restado importancia al aplazamiento de la publicación del informe y ha expresado que las entidades «deben de cumplir las reglas». «Un informe se adjudica a una subvención, la subvención tiene sus reglas que están escritas y el informe debe cumplir lo que pone en las reglas. Los funcionarios son los que revisan y, si un informe se sale del marco para el que se ha contratado o para el que ha recibido una subvención, debe corregirse y cumplir lo que dicha subvención establece», ha desgranado, y ha añadido que «censura al informe, ninguna».
En este sentido, ha apuntado que «no entra dentro del alcance del informe hacer valoraciones subjetivas», en referencia a las críticas por las reformas de las leyes LGTBI+ del Gobierno regional, «porque no se aporta ningún dato que sustente esa información».
Rivero, por su parte, ha señalado que el objetivo de la entidad era «estudiar el impacto de las reformas de las leyes en los delitos de odio» y que, por ello, el Ejecutivo autonómico les «censura y amenaza con retirar la subvención».
«Están amordazando a las entidades sociales que están trabajando y haciendo lo que debería hacer la Comunidad de Madrid, porque eso es lo que hacen las entidades sociales, no solo en el ámbito LGTBI, sino en todos los ámbitos aquí y en todas partes, y ustedes las censuran», ha apuntado Rivero.
Al respecto, Rivero ha remarcado también que, «en el último pliego del programa LGTBI+, la Comunidad de Madrid ha introducido el nombramiento de un comisario político para que revisara qué está haciendo el programa», a lo que el director general ha replicado que «poner una estructura de gestión no significa que se censure».
CENTRO PARA HOMBRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL
En referencia a las nuevas medidas propulsadas por el Gobierno regional para la protección de las personas LGTBI+, el director general ha reivindicado la puesta en marcha a partir de octubre del centro para hombres víctimas de violencia sexual, cuyo objetivo es atender a aquellos que han sufrido abusos siendo menores de edad, a los que sufren violencia en el ámbito de la prostitución masculina mediante ‘chemsex’ (consumo de drogas durante la actividad sexual) o a víctimas de trata.
Esto indica, según Ayres, que «sí que se están poniendo recursos en marcha nuevos» y que «se avanza en políticas de protección».
En respuesta, Rivero ha compartido que hay hombres víctimas de violencia sexual, pero ha reprochado que el Gobierno regional haya creado este servicio «en contraposición a la violencia de género». «La política suya es enfrentar a las víctimas», ha zanjado.