La izquierda arremete contra Ayuso por recurrir la regularización que busca dar estabilidad a migrantes y Vox lo tacha de maniobra electoral

Más Madrid y PSOE censuran el recurso de Ayuso a la regularización de migrantes mientras Vox la acusa de electoralismo a un año de las autonómicas.

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La izquierda arremete contra Ayuso por recurrir la regularización que busca dar estabilidad a migrantes y Vox lo tacha de maniobra electoral

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Más Madrid y PSOE han cargado contra la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de impugnar la regularización de migrantes que, según las formaciones de izquierda, persigue “dar derechos” y “estabilidad”, mientras que Vox interpreta este paso de la dirigente autonómica como puro cálculo electoral a un año de las elecciones madrileñas.

Las valoraciones se han realizado en la comparecencia posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. El pasado jueves, Ayuso ya avanzó que llevaría este decreto a los tribunales, al tiempo que se prevé que este martes el Consejo de Ministros dé luz verde a la regularización. Además, la presidenta ha anunciado que abrirá otra vía judicial si se mantienen los “repartos forzosos e ilegales” de menores extranjeros no acompañados.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha denunciado que Ayuso está “agitando la xenofobia” y situando “en la diana a las personas en máxima situación de vulnerabilidad”, al mismo tiempo que “haciéndole el caldo gordo a Vox”.

“Frente a una derecha que precisamente los quiere en situación de vulnerabilidad cronificada, un gobierno de España progresista que amplía y garantiza sus derechos, como es, por ejemplo, con la regularización para que tengan derechos de ciudadanía”, ha reivindicado Bergerot.

En relación con los menores migrantes, ha recordado que su equipo jurídico, tal y como adelantó la semana anterior, está analizando cómo “obligar” a Ayuso y a su Ejecutivo a que “haga uso de las competencias que tiene” como “pueblo abierto y hospitalario”.

PSOE acusa a Ayuso de deshumanizar la política

La portavoz socialista, Mar Espinar, ha asegurado que Ayuso ha “implantado la inhumanidad en la política” y ha criticado que se posicione en contra de una regularización destinada a “dar derechos a personas que ya viven” en la Comunidad y que se encuentran ya “adaptadas”.

“Nosotros les debemos, a aquellas personas que están aportando social y económicamente a los barrios de Madrid, les debemos derechos y estabilidad. Ellos cumplirán como ciudadanos. No se está eximiendo de sus obligaciones, pero hay que dar derechos a ellos”, ha defendido Espinar.

Respecto a los menores migrantes, ha reiterado, como en otras ocasiones, que se trata de “niños” y que esto no puede “perder de vista”, sobre todo para quienes ocupan cargos públicos. “Sino somos capaces de ofrecer oportunidades a aquellos que lo necesitan, no sé qué hacemos aquí, ni qué pintamos aquí”, ha remachado.

Vox ve oportunismo en el giro de Ayuso

Por el contrario, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha recalcado que su formación es la única que se ha mostrado en contra “desde el primer momento” de esta regularización y ha subrayado que el PP, cuando ha gobernado en Moncloa, ha aprobado medidas de signo similar.

“Ha dicho ahora la señora Ayuso que se opone a la regularización extraordinaria. Ahora, ¿no?, que queda un año para las elecciones autonómicas (...) Lo primero que tiene que hacer la señora Ayuso, además de ponerse en distintos mensajes para eslóganes previos a la campaña electoral, lo que tiene que hacer es cesar ella misma en sus mensajes de efecto llamada”, ha planteado Pérez Moñino.

El PP alerta de colapso en los servicios públicos

Finalmente, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha acusado al Gobierno central presidido por Pedro Sánchez de que “solo le interesan las cuestiones excepcionales e ilegales”. Ha reprochado que, en lugar de “funcionar en base a una Ley de Extranjería”, se impulse una regularización de migrantes que, a su juicio, puede “poner en un gran colapso los servicios públicos”.

En cuanto al reparto de menores migrantes, ha recordado que existía un decreto ley “excepcional” que “obligaba a las comunidades autónomas a asumir el cuidado y tutela de estos menores”. “Ese decreto ha dejado de estar en vigor”, ha concluido, para recalcar que el Ejecutivo central deberá negociar con el Gobierno autonómico la llegada de estos menores.