La cuestión migratoria regresará este jueves al centro del debate en el Pleno de la Asamblea de Madrid, en una semana marcada por la regularización extraordinaria aprobada por el Consejo de Ministros y contra la que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó el pasado jueves que presentaría un recurso.
Ese aviso en sede parlamentaria se concretó este miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, cuando el portavoz del Ejecutivo y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, detalló que el recurso se basará en que la iniciativa "afecta gravemente" a la prestación de los servicios públicos.
El consejero reprochó además que el Ejecutivo central no tenga claro "a cuántas personas puede afectar" y calificó de "caos" la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ayuso ha sostenido en varias ocasiones que esta regularización podría modificar "hasta diez escaños" el reparto en la región al "alterar el censo electoral".
La decisión de recurrir fue cuestionada el lunes en la Junta de Portavoces, donde recibió críticas de la izquierda y también reservas por parte de Vox. Más Madrid y PSOE subrayaron que la medida del Gobierno persigue "dar derechos" y "estabilidad", mientras que Vox interpretó el movimiento de la presidenta autonómica como una maniobra electoral a un año de las elecciones autonómicas.
Consorcio de Transportes y trámites para la regularización
Ese mismo lunes, el PSOE exigió reforzar la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid encargada de emitir el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, un documento clave en el procedimiento de regularización de personas migrantes.
Los socialistas denunciaron que solo hay una sede del CRTM habilitada, en la Plaza Diego de Ordás, lo que está provocando "largas esperas, falta de citas y limitaciones horarias" por la ausencia de "personal suficiente". Reclamaron, por ello, más oficinas y un incremento de plantilla.
Ante estas críticas, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, sostuvo que el CRTM "no ha variado su forma de trabajar" en esta oficina y remarcó que, aunque el Ejecutivo madrileño discrepa de la regularización promovida por el Gobierno central, "tampoco la va a boicotear".
En esta línea, el consejero explicó que el Consorcio ha hecho "lo mismo" que ha "venido haciendo durante los últimos años" y advirtió de que, "si lo que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez es que" la Comunidad se implique en esa regularización, debe remitir "los medios económicos o el personal suficiente para poder hacerlo".
Las palabras del Gobierno regional obtuvieron respuesta desde el Consejo de Ministros. La ministra de Migraciones, Elma Saiz, advirtió a Ayuso de que si decide "boicotear" el proceso de regularización de migrantes estará "boicoteando las esperanzas de miles de ciudadanos de tener un futuro mejor". A su vez, la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, acusó a la presidenta autonómica de "impidiendo la regularización" al no reforzar el personal de la oficina.
Sesión de control: migración y sanidad en el centro
Se prevé que la migración vuelva a ser uno de los asuntos principales en la sesión de control a la presidenta. La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, formulará una pregunta sobre sus objetivos en materia sanitaria, después de que la semana pasada se aprobara el decreto que restituye la atención a migrantes en situación irregular.
La portavoz del PSOE, Mar Espinar, pedirá detalles sobre las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno regional para favorecer la inclusión en el mercado laboral de personas migrantes, mientras que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, preguntará por sus "planes" para "los próximos meses". Desde el PP, Carlos Díaz-Pache se interesará por la reunión de Ayuso con los opositores venezolanos Edmundo González y la Nobel de la Paz María Corina Machado, a quienes entregará la Medalla Internacional y la Medalla de Oro de la Comunidad, respectivamente.
Las preguntas dirigidas al resto de consejeros abordarán cuestiones como la calidad del sistema educativo, la situación de las escuelas infantiles, el acceso al aborto, la objeción de conciencia, los trasplantes en la Sanidad madrileña o la protección de la infancia en riesgo social.
Comparecencia por las ayudas ante la guerra en Irán
Tras la sesión de control, tendrá lugar la comparecencia de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, solicitada por el PSOE para que explique las medidas fiscales autonómicas que prevé adoptar con el fin de mitigar los efectos derivados de la guerra de Irán.
Días antes de Semana Santa, Albert defendió que un 58% de las actuaciones recogidas en el real decreto convalidado por el Gobierno central a raíz de la guerra en Irán "se cargan" sobre las comunidades autónomas, aunque no cerró la puerta a que el Ejecutivo madrileño ofrezca "apoyo en todo lo que necesiten" los sectores perjudicados.
El pasado jueves, en una iniciativa impulsada por el PSOE, tanto Más Madrid como los socialistas reprocharon a Ayuso que no haya puesto en marcha medidas autonómicas específicas para amortiguar el impacto del conflicto en Oriente Próximo sobre la ciudadanía.
PNL sobre circo, energía, Hispanidad y ayudas a la maternidad
La sesión concluirá con el debate de varias Proposiciones No de Ley (PNL). Más Madrid presentará un Plan Estratégico Regional de Impulso al Circo en la Comunidad de Madrid, que contempla la creación de una marca propia, el refuerzo de la formación circense y la revisión del marco legal y de la prevención de riesgos laborales del sector.
El mismo grupo llevará a Pleno otra PNL para una Estrategia Madrileña de Soberanía Energética, que rechaza la instalación de nuevas centrales térmicas y nucleares y plantea un plan de choque contra la pobreza energética, la rehabilitación de viviendas vulnerables, apoyo a pymes en procesos de descarbonización y un pacto de capacitación vinculado a los nuevos empleos verdes. La propuesta incluye también instar al Gobierno de España a gravar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y destinar esos recursos a los consumidores vulnerables y a la transición ecológica.
El PSOE centrará su iniciativa en el Festival de la Hispanidad, reclamando que sea el Consejo de la Cultura quien seleccione el país invitado con criterios de interés cultural, convivencia e impacto social, con participación vinculante de asociaciones de personas migrantes y mayor transparencia en la programación y en el uso de los recursos.
Vox, por su parte, propondrá modificar el límite de edad para acceder a estas ayudas, de manera que se amplíe el número de potenciales beneficiarias, pero manteniendo la preferencia para mujeres con nacionalidad española.