La medida de regularización de migrantes impulsada por el Ejecutivo central y recurrida por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso volverá a ser uno de los asuntos clave del Pleno de este jueves en la Asamblea de Madrid.
Este asunto ha dominado la agenda política madrileña en los últimos días, coincidiendo con el inicio, el lunes, del plazo para presentar de forma presencial las solicitudes para acogerse a esta regularización, una iniciativa del Gobierno central rechazada desde el primer momento por el Ejecutivo autonómico.
Hace dos semanas la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ya avanzó que llevaría ante el Tribunal Supremo el real decreto aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. Este miércoles se confirmó que el Alto Tribunal admitía a trámite el recurso, basado en que la medida “afecta gravemente a la prestación de los servicios públicos”, “contraviene a la normativa de la Unión Europea” y afecta “a la Seguridad Nacional”. Además, la dirigente madrileña ha insistido en que esta decisión podría “afectar” al censo electoral.
El rechazo también se ha hecho notar en el ámbito municipal. La Federación de Municipios de Madrid, presidida por la alcaldesa de Alcalá de Henares, la ‘popular’ Judith Piquet, ha denunciado que la situación está provocando un “colapso” en los servicios municipales de la región.
A las críticas del Gobierno autonómico se ha sumado Vox, que cuestiona la postura de Ayuso y le reprocha que su oposición responde a cálculos ligados a las encuestas electorales. El lunes, tras la Junta de Portavoces, la formación cargó contra que se estén destinando “todos los recursos” a la regularización de quien “no debería estar” en España.
La izquierda respalda la regularización
En el bloque contrario, Más Madrid y PSOE defienden que el proceso de regularización se está desarrollando con “normalidad” y reprochan a Ayuso que lo haya llevado a los tribunales.
Desde Más Madrid reclamaban el lunes que “todas las instituciones colaboren” y pongan los medios necesarios para facilitar lo que consideran “una enorme ampliación de la democracia”. “Es lo que ocurre cuando a cientos de miles de personas sin derechos se convierten en personas con derechos”, subrayaban.
El PSOE, por su parte, celebraba que el Gobierno central haya “dado la oportunidad a muchísimas personas que ya conviven” con la ciudadanía española para otorgarles “algo tan sencillo como vivir tranquilos”. Los socialistas han registrado dos Proposiciones No de Ley (PNL) relacionadas con la regularización para esta sesión plenaria.
La primera PNL insta a la Comunidad de Madrid a agilizar la emisión de documentación útil para acreditar la estancia exigida a la hora de solicitar la regularización, así como a habilitar puntos de información y reforzar personal y horarios de las oficinas durante los meses que dure el proceso.
La segunda iniciativa se centra en el historial de la Tarjeta de Transporte Público Personal, que se utiliza como prueba de presencia continuada en la región. El PSOE pide ampliar el número de Oficinas del Consorcio Regional de Transportes que expiden este documento —actualmente solo una— y dotarlas de más recursos. El Gobierno regional ya ha adelantado que no tiene intención de hacerlo y ha señalado que, si el Ejecutivo central quiere que se asuma esa tarea, debe financiarla.
Sesión de control y debate laboral
La regularización previsiblemente aparecerá también en la sesión de control a la presidenta, donde Vox preguntará por medidas para apoyar el futuro de los jóvenes, el PSOE por sus prioridades para 2026, Más Madrid por iniciativas para contener la subida del alquiler y el PP por el impacto de los eventos deportivos que acogerá la región en los próximos meses.
En el turno de preguntas a los consejeros se abordarán, entre otros asuntos, las políticas contra la corrupción, el coste de vida en la Comunidad de Madrid, las exportaciones a China, las ayudas a los autónomos, el enfoque del Ministerio sobre la educación infantil, el impacto económico de la sanidad universal y las consecuencias de “la regularización masiva de inmigrantes irregulares impuesta por el Gobierno central”.
Posteriormente se debatirá la toma en consideración de una Proposición de Ley (PROPL) de Más Madrid para implantar la jornada laboral de 35 horas para los empleados públicos regionales, en línea con lo que se aplicará en la Administración General del Estado.
La propuesta tiene escasas posibilidades de prosperar, después de que la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, expresara su rechazo en el anterior Pleno. En respuesta a una pregunta sobre si pensaba replicar el modelo de la AGE en la administración autonómica, la consejera sostuvo que reducir a 35 horas la jornada en la Administración General del Estado ha supuesto “perder 17.000 puestos a tiempo completo”.
Dictamen sobre drogas y macroplantas fotovoltaicas
También se someterá al Pleno el dictamen de la Comisión de Estudio sobre el impacto de las drogas en la Comunidad de Madrid, aprobado únicamente con los votos del PP tras la salida conjunta de la oposición, que acusó a los populares de registrar el texto fuera de plazo.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que el consumo de drogas no es “un fenómeno marginal o transitorio” sino una realidad que se “transforma con rapidez” y que afecta “de manera profunda a la vida de muchas personas”. Añade que se está produciendo una “banalización” del consumo, lo que “dificulta la prevención”, especialmente entre adolescentes y jóvenes.
“En cuanto a la atención y el tratamiento, los trabajos han puesto de manifiesto que no basta con disponer de recursos, sino que resulta imprescindible garantizar la continuidad del acompañamiento y la coordinación entre los distintos sistemas implicados”, sostienen los ‘populares’. El dictamen subraya que la forma en que las instituciones se refieren a las drogas “no es neutra” y que debe adoptarse un discurso “claro, coherente y reconocible” para “reforzar la prevención” frente a “la ambigüedad o la relativización del problema”.
Más adelante intervendrá el consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, a petición de Vox, para explicar por qué el Gobierno regional ha reclamado al Ejecutivo central una auditoría independiente sobre las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) concedidas a 53 proyectos de macroplantas fotovoltaicas en la región.
La Comunidad de Madrid solicitó esta auditoría en una carta dirigida a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, con el objetivo de comprobar que las DIA se otorgaron por “criterios técnicos” y no “bajo presiones o posibles tramas” como el caso Forestalia. En la región se han autorizado en los últimos años 53 macroplantas que abarcan casi 10.400 hectáreas. Novillo advertía en esa misiva de que la tramitación de estos proyectos podría haber alterado el orden lógico del procedimiento, ya que las DIA se emitieron antes de la planificación estratégica del territorio.
PNL sobre supermercados públicos y Poder Judicial
En el tramo final, durante el debate de las PNL, además de las dos del PSOE sobre la regularización, Más Madrid intentará recabar apoyos para crear una red de supermercados públicos de titularidad municipal.
El PP, por su parte, aprovechará su mayoría absoluta para sacar adelante una iniciativa en la que insta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que “respete el Poder Judicial” y “deje de atacar y señalar a jueces y fiscales”.
El texto reclama que no se produzcan “injerencias ni ataques” al Poder Judicial y que se le dote de los “medios humanos y materiales necesarios” para el desempeño de sus funciones. Además, pide la convocatoria de nuevas plazas de jueces y magistrados, en línea con las demandas del Tribunal Superior de Justicia, que considera urgente cubrir 142 puestos.