La Asamblea de Madrid ha dado el visto bueno, con el respaldo de PP y Vox, al proyecto de ley que faculta al Gobierno regional para ejercer la acción popular cuando se atente contra el patrimonio natural, se cause daño al histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al normal desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como ocurrió en la última etapa de la Vuelta Ciclista, donde se registraron incidentes.
Para justificar la norma, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha recalcado que la Comunidad no es una administración "indolente que se va a quedar de brazos cruzados" frente a quienes ataquen el "acervo común" que constituye la herencia de todos los madrileños.
"Actuar en estos casos en los procesos penales abiertos no es una opción, sino que es una obligación para preservar nuestra identidad, nuestra memoria y el orgullo como región", ha insistido el consejero durante su intervención en el Pleno.
García Martín ha acusado al Ejecutivo central de haber promovido "constantes boicots" a acontecimientos de gran repercusión, y ha puesto como ejemplo la última edición de la Vuelta, donde, según ha dicho, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se comportó como "un auténtico hooligan del sanchismo alentando los ataques violentos en la etapa final de la carrera que pusieron en riesgo la seguridad de corredores y también de familias con niños".
El texto ha salido adelante mediante el procedimiento de lectura única y persigue reforzar la protección de determinados bienes y de acontecimientos públicos de interés general frente a conductas delictivas especialmente graves.
Esta nueva herramienta se añade a los supuestos de violencia contra la mujer y de terrorismo, en los que la Administración autonómica ya viene personándose para defender los intereses de las víctimas y de sus allegados.
Con este Proyecto de Ley se modifican la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid; la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, y la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
Aunque el Gobierno regional se persone en calidad de acción popular, el anteproyecto aclara que ello no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir también cuando resulte directamente perjudicada como acusación particular, reclamar la reparación de los daños causados mediante la acción civil o ejercitar cualquier otra acción que considere procedente.
Vox respalda la ley pero critica el trato a sus enmiendas
En nombre de Vox ha intervenido Ana Velasco, que ha mostrado su apoyo a la iniciativa, aunque ha reprochado al PP no haber dado respuesta a las enmiendas registradas por su grupo. La diputada ha reivindicado que su partido se ha personado como acusación popular en el juicio del 'procès' contra los dirigentes independentistas catalanes, en la causa por revelación de secretos contra el exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz y en el 'caso Koldo'.
Velasco ha defendido la acción popular como "pilar fundamental de la Justicia" y ha censurado al Gobierno central por su reforma, que, según ha señalado, pretendía "restringir severamente" esta figura.
Por ello, considera que el proyecto de ley madrileño es "muy oportuno" porque "va a contracorriente" de las pretensiones del Ejecutivo central, si bien cree que su alcance es "tan limitado" que solo se aplicará a causas en las que el PP autonómico podría tener "un interés político partidista".
El PSOE lo ve como un ataque al derecho de manifestación
La diputada del PSOE Tatiana Jiménez ha tomado la palabra a continuación para calificar el texto como la "mayor contradicción" del Gobierno regional y uno de los proyectos "más peligrosos", al considerar que se dirige contra manifestantes que ejercen el derecho reconocido en el artículo 21 de la Constitución, en referencia a las protestas vinculadas a la Vuelta Ciclista a España.
"Fue una protesta ciudadana y, contra esa protesta ciudadana, el Gobierno de la señora Ayuso quiere tener una ley que le permita llevar al que protesta a los tribunales. Un proyecto que nace de la incomodidad política de un Gobierno ante sus propios ciudadanos", ha afirmado la socialista.
Jiménez ha añadido que el Tribunal Constitucional ya ha declarado inconstitucionales normas autonómicas "análogas a esta" por invadir la competencia exclusiva del Estado en materia procesal. También ha recordado que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que se tramita en el Congreso "excluye expresamente a las comunidades autónomas del ejercicio de la acción popular y dejaría esta ley sin efecto".
Más Madrid la tilda de "ley tirita" y cuestiona su finalidad
Desde Más Madrid, la diputada Alicia Torija ha señalado que hay leyes que "nacen para resolver problemas reales, identificables, contrastados en la práctica" y otras que "nacen para dar la sensación de que se hace algo aunque no esté claro ni qué problema se resuelve, ni si realmente hacía falta hacerlo".
"Y luego está esta ley. Una ley preventiva, una ley de anticipación o, si me permiten, una ley tirita. Como cuando a un niño le duele algo pero no sabe muy bien el qué y la madre, para calmarle, le pone una tirita de colores", ha comparado la parlamentaria.
En su opinión, la propuesta del Ejecutivo madrileño no amplía realmente la acción popular, sino que "cambiar el titular". "Cuando el poder ocupa el espacio diseñado para controlarlo, lo que se produce no es una mejora del sistema, es una transformación de su naturaleza. La acción popular deja de ser un mecanismo de participación y control y pasa a ser un instrumento de intervención institucional", ha concluido.