La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado que el Ejecutivo central aplica un enfoque “político” en la financiación del sistema de dependencia y ha vuelto a exigir el pago de los 3.000 millones de euros que, según sostiene, el Estado adeuda a Madrid desde la llegada del PSOE a La Moncloa en 2018.
Durante su intervención en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, Dávila ha asegurado que “cada 24 horas Gobierno de España priva a las personas más vulnerables de la Comunidad de Madrid de un millón de euros para la atención a la dependencia. Ayer fue un millón, hoy es un millón y mañana será otro millón”.
La responsable madrileña ha defendido que, con esos 3.000 millones, sería posible impulsar más de 70.000 nuevas plazas residenciales, lo que supondría triplicar la red actual de la Comunidad de Madrid, levantar 1.200 centros base para la valoración de la discapacidad --“actualmente son 1”-- y garantizar la Atención Temprana “no solo para todos los niños de Madrid o de España, sino para todos los niños de Europa durante un año entero”.
Según ha subrayado, “la realidad es que, de cada 30 días en la vida de una persona dependiente en Madrid, la Comunidad financia 27, mientras el Gobierno de España tan solo 3”, algo que ha criticado con dureza al recordar que la normativa establece una aportación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas.
A continuación, ha recalcado que no se trata de un “problema solo de Madrid”, sino que afecta a la mayoría de regiones, aunque ha apuntado que existen “excepciones” que, en sus palabras, coinciden con los apoyos parlamentarios que sostienen al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “En el País Vasco el Estado sí garantiza el 50% de financiación del sistema de dependencia”, ha indicado, insistiendo en que no aprecia un criterio “social” sino claramente “político”.
Dávila ha arremetido contra un Gobierno que, mientras “niega” fondos suficientes para la dependencia en varias autonomías, “se dispone a transferir cerca de 5.000 millones a la Generalitat de Cataluña”.
“El problema no es técnico, es de prioridades”, ha enfatizado, reprochando al Ejecutivo que, cuando lo considera necesario, “rápidamente reales decretos, atajos legales y fórmulas exprés para modificar leyes y transferir miles de millones”.
La consejera ha llegado a afirmar que no existe “mayor acto de corrupción que abandonar a los más vulnerables” y ha rechazado que se trate de un “debate territorial”, al entender esta reclamación en materia de dependencia como un “asunto de igualdad entre españoles”.
Ha rememorado también la petición que trasladó al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para mantener una reunión y abordar esta supuesta deuda, reprochándole que respondiera calificando de “irónico” su requerimiento.
“Esta etapa pasará. Todas las etapas oscuras pasan. Pero la historia también recordará a quienes no lucharon por sus ciudadanos cuando más lo necesitaban. No pedimos favores. Solo reclamamos algo mucho más básico, que el Gobierno de España cumpla con la ley”, ha concluido la titular madrileña de Asuntos Sociales.