Madrid anticipa una reunión con el Gobierno para la transferencia de centros de discapacidad

La Comunidad de Madrid aguarda una reunión clave con el Gobierno de España para tomar las riendas de dos centros de atención a personas con discapacidad.

La Comunidad de Madrid se encuentra a la espera de una reunión con el Gobierno de España para gestionar la transferencia del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física (CAMF), situado en Leganés, y del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad (CRMF), localizado en Puente de Vallecas.

En la reciente Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, celebrada en la Asamblea de Madrid, Alejandra Serrano, directora general de Atención a Personas con Discapacidad, confirmó la situación. Durante el evento, la diputada del PSOE, Ana Prados, indagó sobre la postura del Gobierno autonómico respecto a estos centros, tras la propuesta del Ejecutivo central. Prados enfatizó que estos son “espacios de vida, de recuperación, de inclusión y de dignidad” y “imprescindibles para garantizar el derecho a una vida autónoma, plena y participativa”.

“Estos centros deben de ser gestionados de forma pública, sin cederlos a empresas privadas porque los derechos sociales no se subcontratan, no se negocian en un mercado, sino que se garantizan desde lo público”, afirmó la parlamentaria socialista. Serrano respondió que llevan “desde hace tres meses” esperando por una reunión con el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), el Ministerio de Hacienda y de Política Territorial para discutir detalles sobre los centros.

“Cuando tengamos la reunión y toda la información, podremos tomar una decisión definitiva y que sea la más beneficiosa para las dos partes, sobre todo, para las personas con discapacidad. Yo estoy convencida que, en caso de producirse, será un acuerdo satisfactorio para todos”, destacó Serrano. Además, señaló que no comprende el interés del Gobierno de España por desvincularse de unos centros “tan importantes”, pero aseguró que su objetivo es “preservar los derechos” de los afectados.

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