La Asamblea de Madrid tiene previsto dar luz verde en el primer Pleno de abril, el día 9, a la norma que facultará a la Comunidad para ejercer la acción popular en procedimientos penales cuando se ataque al patrimonio natural o histórico-artístico, así como en delitos dirigidos a obstaculizar el normal desarrollo de eventos y espectáculos públicos, como ocurrió con los incidentes registrados en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.
El anuncio lo ha realizado este lunes el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, donde ha detallado que para que una comunidad autónoma pueda personarse en un procedimiento penal “tiene que haber una ley que lo avale”.
Díaz-Pache ha subrayado que, hasta ahora, la Comunidad de Madrid ya tenía reconocida la posibilidad de ejercer esa acción popular en los procedimientos vinculados a casos de violencia de género y también en aquellos relacionados con víctimas del terrorismo.
El Proyecto de Ley contempla la modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de permitir el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su especial incidencia territorial, alcancen una gravedad relevante.
Al mismo tiempo, se adaptará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, para autorizar la personación de la Comunidad en causas penales por delitos de desórdenes públicos que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos y acontecimientos considerados de interés general.
En este contexto, sobresale el precedente de la Vuelta Ciclista a España, cuya última edición se vio afectada en varias ocasiones por la actuación de grupos de manifestantes, hasta el punto de obligar a suspender la etapa final a varios kilómetros de la ciudad de Madrid.
Igualmente, se intervendrá sobre la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, para incorporar de forma expresa los delitos cometidos contra bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental.
El anteproyecto aclara que, aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, ello no limitará que la Comunidad de Madrid pueda intervenir en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada como acusación particular, ni que reclame el importe de los daños ocasionados por el delito mediante la acción civil, ni que pueda hacer uso del resto de acciones que considere oportunas.