La Comunidad de Madrid recortará a cinco años el tiempo de empadronamiento exigido en la región para poder solicitar un alquiler en una vivienda protegida. Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo.
El responsable autonómico lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea, donde ha explicado que el Ejecutivo está ultimando el nuevo Reglamento de Vivienda Pública, cuya aprobación está prevista para el mes de julio, tal y como ya adelantó la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Rodrigo ha remarcado además que ya se ha ejecutado en un 95% el primer plan de choque con medidas para dinamizar el acceso a la vivienda.
“Queremos un empadronamiento que baje hasta los cinco años cuando hablemos de viviendas en alquiler y que no se exija para modelos de residencias de estudiantes o viviendas compartidas”, ha detallado el consejero, quien ha añadido que el texto continúa abierto a la incorporación de enmiendas.
En este contexto, ha subrayado que, mientras en la Comunidad se defiende “el arraigo” de los madrileños y la posibilidad de acceder a una vivienda pública, acusa al PSOE de comprometerse “a regulaciones masivas de más de 500.000 inmigrantes que nada van a aportar a los madrileños”.
Fuentes de la Consejería de Vivienda han precisado a Europa Press que el Gobierno regional incorporará excepciones al requisito general de diez años de empadronamiento que rige para el acceso a vivienda protegida en régimen de compra o uso propio.
De este modo, no se aplicará este periodo mínimo a quienes, antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento, hayan firmado contratos de compraventa u opción de compra, dispongan de títulos de adjudicación o hayan realizado aportaciones económicas a cuenta del precio de la vivienda. Tampoco afectará a los socios de cooperativas que ya hubieran aportado cantidades destinadas a la adquisición del suelo o de la propia vivienda.
En los casos en los que sí siga siendo obligatorio cumplir el requisito de empadronamiento, será suficiente con que lo acredite uno solo de los integrantes de la unidad de convivencia.
Con este paquete de cambios, la Comunidad de Madrid pretende reforzar “la seguridad jurídica, protege a quienes ya habían adquirido compromisos previos y adapta la normativa a las distintas fórmulas residenciales actuales, garantizando un acceso más ágil y realista a la vivienda protegida”.
Un nuevo marco adaptado a la situación actual
Durante su intervención en el Pleno, Rodrigo ha avanzado que se definirá un marco regulatorio específico para la vivienda con protección pública en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de ajustarse “a la realidad actual”, incentivar la construcción, simplificar su gestión y, al mismo tiempo, incrementar la oferta pública de vivienda disponible.
Entre las novedades más relevantes figura la profundización en la simplificación de los procedimientos administrativos, mediante la incorporación de la declaración responsable para la calificación definitiva de las viviendas y para otros trámites, como el visado de contratos y títulos de acceso a las viviendas protegidas.