PP reclama en la Asamblea que Sánchez respete el Poder Judicial y deje de atacar a jueces y fiscales

El PP lleva a la Asamblea de Madrid una PNL para exigir a Sánchez respeto al Poder Judicial y más medios y plazas para la justicia madrileña.

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El Grupo Popular llevará este jueves al Pleno de la Asamblea de Madrid una iniciativa en la que instará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que “respete el Poder Judicial” y “deje de atacar y señalar a jueces y fiscales”.

La propuesta, en forma de Proposición No de Ley (PNL), fue adelantada por el portavoz del PP en la Cámara regional, Carlos Díaz-Pache, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de este lunes.

El texto registrado, al que ha tenido acceso Europa Press y que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, exige que no se produzcan “injerencias ni ataques” al Poder Judicial y que se le dote de los “medios humanos y materiales necesarios” para desempeñar su labor.

Díaz-Pache ha detallado que en la Comunidad de Madrid es “de manera urgente” imprescindible cubrir 142 puestos y llegar hasta 350 plazas en los próximos cinco años. “Esto es una urgencia para que la justicia pueda seguir operando con normalidad en nuestra región”, ha insistido el portavoz.

La PNL concreta estas demandas y propone, en el caso del personal funcionario, suprimir la tasa de reposición de efectivos y garantizar en las ofertas de empleo público de los próximos tres años un mínimo de 800 plazas anuales para Madrid.

Además, plantea que en la oferta de empleo público del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes se reduzca la interinidad en la región hasta un máximo del 8% —frente al 38,6% actual—, en línea con el objetivo fijado por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.

La iniciativa reclama igualmente que las plazas asignadas se ajusten a la distribución por cuerpos que marque previamente la Administración autonómica; que el número de puestos tenga en cuenta las vacantes derivadas de los concursos de traslados anuales y las de nueva creación; y que se acorten los plazos de ejecución de las ofertas de empleo público para evitar un volumen excesivo de vacantes que termine cubriéndose con personal interino.