QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Popular en la Asamblea de Madrid ha asegurado que la puesta en marcha de ICAM Universidad, nuevo centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, se ha ajustado a “todo el procedimiento legal” y ha tachado de “patético” que se “persiga” a los abogados al intentar vincular este asunto con la personación del Colegio en la causa contra el ya ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Desde la izquierda, en cambio, se sostiene que “a simple vista parece el pago de los servicios prestados”.
Estas posiciones se han confrontado durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por el PSOE en la Cámara de Vallecas, en la que se reclamaba fijar un sistema objetivo y transparente para autorizar nuevos centros universitarios adscritos, que incluya, entre otros requisitos, una justificación explícita de su necesidad.
El diputado ‘popular’ Miguel Ángel Rumayor ha acusado a la oposición de construir un relato interesado: “Ustedes nos han creado un relato asociando lo que pasó hace un mes con algo que había empezado dos años antes. Hay alrededor 40 centros adscritos en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué nos interesa este centro? Enciende la televisión y se lo van a contar muy bien. Televisión Española nos ha acusado de dar 45 millones a dedo a los abogados, lo lleva haciendo desde el año 2003. Es una falsedad”, ha denunciado, insistiendo en que esta campaña resulta, a su juicio, “patética”.
En nombre del PSOE, el parlamentario Esteban Álvarez ha reprochado que el nuevo centro adscrito promovido por el ICAM carezca de un “informe de necesidad académica y social”. A su entender, la ausencia de este documento cuestiona la oportunidad y el interés general del proyecto.
Álvarez ha ido más allá al afirmar que “a simple vista parece el pago de los servicios prestados” por parte del ICAM en el procedimiento contra el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Según ha defendido, el Colegio actuó como una “acusación perfectamente alineada con el discurso del Gobierno” regional en un proceso que terminó con la condena de García Ortiz.
Desde Más Madrid, el diputado Juan Varela-Portas ha sostenido que el ICAM “se persona en el aquelarre judicial” contra García Ortiz porque “le han concedido” su centro adscrito, sugiriendo así una relación directa entre la actuación procesal del Colegio y la aprobación de ICAM Universidad.
Varela-Portas también ha expresado su curiosidad por si en ICAM Universidad llegará a analizarse “la indigna sentencia” contra el ex fiscal general como un “ejemplo de la más vil degradación del derecho y de la razón jurídica, un ejercicio de bajeza y autohumillación de uno de los más altos tribunales del Estado” –en alusión al Tribunal Supremo, responsable de la condena a García Ortiz–.
Por parte de Vox, el diputado José Antonio Fúster ha rechazado la visión socialista, criticando que el PSOE presente los centros adscritos “casi como una amenaza” y como si fueran entidades “misteriosas que se infiltran en la universidad pública que corrompen la calidad académica”, cuando, a su entender, la realidad es “justo la contraria”.
Fúster ha defendido que “los centros adscritos llevan décadas siendo una herramienta legítima y útil, una vía mediante la cual las universidades colaboran para ampliar la oferta, especializar situaciones y responder a una demanda social”, y ha acusado a los socialistas de pretender imponer “vetos político y suspensión de órdenes ya aprobadas”.
