La regularización de personas migrantes mediante real decreto aprobada por el Gobierno de España ha monopolizado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea. PP y Vox han alertado de una supuesta "alteración del censo" electoral, mientras que los grupos de izquierda han desmentido tajantemente esta acusación, calificándola de "bulo como una casa" al recordar que para votar es imprescindible la nacionalidad española y que la mera regularización administrativa no otorga ese derecho.
Los portavoces del PP, Carlos Díaz-Pache, y de Vox, Isabel Pérez Moñino, han arremetido contra la iniciativa del Ejecutivo, que calcula que podría beneficiar a 500.000 personas. Ambos han puesto el acento en unas recientes declaraciones de la eurodiputada y exministra de Igualdad, Irene Montero (Podemos), en las que aseguraba este fin de semana que su formación trabajará para que puedan votar, ya sea facilitando la nacionalización o modificando la ley que regula el derecho al sufragio.
En su comparecencia tras la Junta de Portavoces, Díaz-Pache ha arrancado acusando al Gobierno central de intentar "sobrevivir una semana más" recurriendo ahora a una " regularización masiva de inmigrantes irregulares, sin ningún tipo de control para modificar, entre otras cosas, el censo electoral, sin pensar en las consecuencias para España".
El dirigente del PP ha calificado de "barbaridad" la decisión de regularizar a estos migrantes y ha sostenido que el objetivo es "importar una inmigración pobre" hacia las comunidades autónomas, que se verán obligadas a "redimensionar sus servicios públicos" para atender a más población sin planificación previa.
Según ha advertido, "esas personas que de repente tienen la residencia pueden acceder a una serie de servicios públicos que no están planificados para ese número de personas y que por lo tanto como siempre la clase media española concretamente aquí los madrileños paguen el pato de una política suicida de la izquierda". A continuación, ha subrayado que existe una diferencia clave, que a su juicio Vox no distingue, entre una "inmigración legal y ordenada" y la irregular, insistiendo en que la primera es "absolutamente bienvenida" porque también es la que "construye esta región".
Vox habla de reemplazo
Isabel Pérez Moñino, en nombre de Vox, ha ido más allá y ha asegurado que desde la izquierda se está planteando ya "el gran reemplazo" de la población española, con la intención de "barrer y eliminar físicamente a españoles y sustituirlos por musulmanes".
En su intervención ha sostenido que "regularizar a 500.000 ilegales significa, además de una evidente alteración del censo electoral en futuras elecciones, pues una alteración de nuestra identidad nacional", para añadir acto seguido que, como al PSOE "ya no le votan los españoles" entonces "regulariza ilegales".
También ha defendido que con este proceso se estaría "regalar derechos y premiar a quienes han asaltado el país de forma ilegal" mientras "los derechos de los españoles que cumplen, que trabajan, que pagan sus impuestos cada día, pues son atacados diariamente".
PSOE: “Es un bulo como una casa”
La portavoz socialista, Mar Espinar, ha respondido con dureza a las acusaciones de la derecha sobre una supuesta alteración del censo, un argumento que en los últimos días también ha repetido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
"Es un bulo, como una casa, que la regularización de inmigrantes suponga el aumento de votantes", ha defendido Espinar, recalcando que es requisito imprescindible disponer de la nacionalidad española para poder votar en elecciones generales, autonómicas o europeas.
Ha recordado igualmente la única excepción, que afecta a los comicios municipales: ciudadanos de la Unión Europea empadronados en España que manifiesten su voluntad de votar, o personas de países con acuerdos de reciprocidad con España, como "Colombia, Reino Unidos, Noruega o Chile", pueden participar en esas elecciones.
Espinar ha reprochado a Ayuso que "hablar del Madrid de todos los acentos" y presentarse como la "reina de la hispanidad y sale a bailar con ellos por la calle" resulte incompatible con su rechazo a la regularización, cuando "9 de cada 10 inmigrantes provienen de América".
"Yo no tenía ningún problema con eso. Estamos hablando de que cada inmigrante que se regulariza en nuestro país está aportando entre 3.300 y 4.000 euros a las arcas públicas. Cuando estamos hablando de regularizar a personas, estamos hablando de darle derechos, pero también tiene deberes", ha añadido la portavoz del PSOE, vinculando la medida con una mayor contribución fiscal y laboral.
Más Madrid denuncia la falta de inversión crónica
Desde Más Madrid, su portavoz Manuela Bergerot ha rechazado que las personas migrantes sean responsables del deterioro de los servicios públicos y ha señalado como "verdadero culpable" la "falta de inversión crónica de los servicios" por parte de las administraciones.
En su análisis, ha denunciado "el secuestro de la vivienda por los especuladores y la conversión de Madrid en un paraíso fiscal para los ricos". Frente a este escenario, ha planteado que "la solución está clara. Recuperar un sistema fiscal auténticamente progresivo y lanzar una inversión masiva en servicios públicos y vivienda para Madrid y los madrileños".