PP y Vox han vuelto a situarse en la misma posición en la Asamblea de Madrid al rechazar la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, al que reprochan que premie a quien “incumple la ley”.
Ambas formaciones han fijado su postura durante el debate de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por Vox, en la que se instaba al Ejecutivo a “rechazar la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes ilegales en España”.
La iniciativa no ha prosperado porque el texto de Vox incluía la repatriación de quienes entran de forma irregular en el país y la deportación de “cualquier inmigrante legal o ilegal que cometa delitos graves o haga del delito leve su forma de vida”.
El PP había presentado una enmienda, finalmente no aceptada por Vox, en la que reformulaba la propuesta para reclamar el fin de las políticas de efecto llamada y la aprobación de cambios legales que impidan que ningún inmigrante en situación irregular pueda cometer fraude de ley en la tramitación de su expediente.
Durante la defensa de la PNL, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha arremetido contra la regularización masiva anunciada por el Gobierno “traidor y corrupto” de Pedro Sánchez, que a su juicio marca una frontera entre dos realidades: la de unas élites políticas “que gobiernan a de espaldas al interés de la nación” y la de una ciudadanía que siente “que pierde el control de su propio país”.
“¿Le han explicado ustedes al joven de Tetuán, de Usera o de Villaverde que hoy no puede independizarse cómo le va a ayudar tener una vivienda su brillante idea de regularizar de golpe a miles de personas que van a competir con el joven español para acceder a la vivienda?”, ha planteado, al tiempo que ha calificado esta medida como “un “atropello de libertades””.
En nombre del PP, el diputado Rafael Núñez Huesca ha recalcado que su formación rechaza “completamente y sin ambajes” la regularización “de 500.000 personas ilegales”, que interpreta como “una cortina de humo” del PSOE tras “un catastrófico y devastador accidente de tren”.
“Genera un agravio comparativo inaceptable respecto de los inmigrantes que sí cumplieron las normas, que sí guardaron su turno y que sí se atuvieron a la legalidad”, ha señalado, denunciando además que se pretenda “premiar” a quien ha vulnerado la ley, algo que considera “profundamente irresponsable desde un punto de vista presupuestario y competencial”.
La izquierda defiende la regularización
Desde el PSOE, el diputado Juanjo Marcado ha asegurado que el PP ha “entrado en pánico” y ha comenzado “a copiar el discurso” de Vox, realizando “más piruetas que Gervasio Deferr para intentar recuperar terreno”. Según ha indicado, esta pugna por ver “quién es más radical” se apoya en “mentiras y patrañas, propaganda racista que convierte a un grupo de personas en enemigos”.
“La nacionalidad en sospecha penal. El lugar de nacimiento en un delito. El acento en motivo de vergüenza”, ha criticado, tras recordar la regularización aprobada en tiempos de José María Aznar y preguntar a Vox si quiere que se “publique la nacionalidad” del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), investigado por acoso laboral y sexual.
Por parte de Más Madrid, Diana Paredes ha ironizado con que el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, se lamentaba “de la teoría del reemplazo” y “no ha sido ningún migrante el que le ha reemplazado, sino su propia compañera”.
Paredes ha explicado que su propia familia se acogió a una de las primeras regularizaciones aprobadas por el Gobierno de España y ha defendido que estos procesos permiten “tener derechos, ser un poquito más iguales y tener las mismas oportunidades”. “Voy a hacer todo lo posible para que las personas que hayan nacido aquí o no tengan el acceso a derechos y a las oportunidades que yo he podido tener”, ha concluido.