El PSOE ha reclamado a la Comunidad de Madrid que actúe para acortar las listas de espera en el sistema de dependencia, mientras que la consejera de Asuntos Sociales, Familia y Juventud, Ana Dávila, ha señalado al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, por no hacer “nada” para garantizar la financiación que corresponde a las comunidades autónomas.
Durante la sesión de control al Gobierno regional en la Asamblea de Madrid, la diputada socialista Silvia Monterrubio ha advertido de que las listas de espera “no se reducen porque el sistema funcione mejor, sino porque cada vez se les muere más gente por el camino tan duro”.
Monterrubio ha añadido que “a esas listas de espera interminables hay que añadir la falta de plazas residenciales y las consecuencias de insistir en un modelo que prioriza el negocio frente al cuidado”, y ha criticado con dureza el modelo de atención impulsado por el Ejecutivo autonómico.
La parlamentaria también ha reprochado al Gobierno regional que mantenga abiertas residencias “a pesar de estar sancionadas por mala atención o negligencias graves” o de “lavarse las manos aunque expulsen a una gran dependiente de 84 años”.
En esta línea, ha denunciado que “cuando se les da comida en mal estado, caducada desde hace meses, escasa, cuando viven situaciones de higiene inaceptables, cuando no hay personal suficiente o este está absolutamente sobrecargado, se está vulnerando el derecho de las personas a recibir una atención digna y personalizada”.
Frente a estas acusaciones, Ana Dávila ha defendido la gestión de la Comunidad de Madrid y ha replicado que el sistema de atención a la dependencia funcionaría en España “mucho mejor” si estuviese “adecuadamente financiado por su gobierno”. Según ha indicado, desde que la diputada registró su pregunta el Ejecutivo central ha dejado de abonar 377 millones de euros destinados a personas dependientes, mientras que el Gobierno regional viene denunciando que la deuda acumulada supera los 3.000 millones.
Dávila ha subrayado que “los derechos también pasan porque su presidente y su gobierno en España se preocupe por ellos, y por cumplir la ley que les mandata financiar el 50% de la dependencia, y que no lo hacen en ninguna región. Perdón, sí, solo en el País Vasco”.
La consejera ha comparado además la situación de Madrid con la de Cataluña, destacando que la Comunidad de Madrid atendió a más de 6.700 personas en febrero, frente a las 14 personas de Cataluña, y que mientras el Gobierno de Salvador Illa ha prestado servicio a unas 41.000 personas, la región madrileña “ha superado las 100.000”.
En cuanto a las personas fallecidas sin haber sido valoradas, Dávila ha indicado que “sobre personas fallecidas sin haber sido valoradas, en febrero fueron más de 3.000 en España. Pero el contexto es claro. Más de 1.000 en Cataluña, frente a dos en Madrid. En lugar de buscar rédito político, deberían preguntarse qué está haciendo el ministro Bustinduy para resolver el problema. Ya se lo digo yo. Nada”.