El servicio 112 Ocupación de la Comunidad de Madrid ha registrado hasta el momento 4.200 llamadas de un total de 219 ciudadanos de la región, que cuenta con 9.000 viviendas ‘okupadas’ ilegalmente en estos momentos.
Así lo ha dado a conocer esta semana la viceconsejera de Justicia y Víctimas, María del Carmen Martín García-Matos, en la comisión de ramo en la Asamblea, donde ha informado de que en 42 ocasiones la intervención de este servicio contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas ha permitido evitar una ocupación o proceder al desalojo de una vivienda.
«No distinguimos el tipo de víctima, es decir, tratamos de asistir y atender a todo lo que son víctimas del delito y las víctimas del delito de ocupación son víctimas, y tienen los mismos derechos que cualquier otra», ha aseverado.
Lo ha expresado después de que el diputado de Más Madrid Hugo Martínez Abarca haya preguntado por los criterios que han llevado al Gobierno a firmar un protocolo de actuación con los colegios de abogados y procuradores para facilitar a víctimas de la ocupación de viviendas asesoramiento jurídico gratuito de letrados.
Martín García-Matos ha subrayado que la ocupación no es solo un delito sino que es una conducta que va contra el derecho fundamental de las personas a la inviolabilidad del domicilio recogido en la Constitución. «La ocupación ilegal y la falta de mecanismos efectivos para el desahucio en los casos de ocupación no sólo socaban derechos individuales sino que también ponen en peligro la estabilidad y el progreso social», ha puntualizado.
Asimismo, ha resaltado que en muchos casos los afectados son personas mayores de 65 años que destinan la renta de ese alquiler para completar las pensiones o para pagar la hipoteca de la vivienda en la que habitan. «Entendemos que son víctimas que sí requieren de una especial atención», ha explicado.
FALTA DE «ESTUDIO» Y «PROPAGANDA», SEGÚN MÁS MADRID
Por su parte, el diputado de Más Madrid ha señalado que al teléfono contra la ocupación de la Comunidad de Madrid llama «poquísima gente» y ha criticado que el Gobierno regional no tenga «el menor estudio» al respecto ya que es «pura propaganda».
«Es un absoluto invento propagandístico del que algunos hacen mucho negocio, incluso algunos mafiosos que no deberían tener derecho a la actividad social que están haciendo. ¿Por qué no promocionan ustedes la mediación? ¿Por qué no cumplen su obligación y dan alternativa ocupacional en aquellos casos en los que hay vulnerabilidad por parte de los inquilinos?», se ha preguntado, a la vez que ha reprochado que se «inventen» el término de la ‘inquiokupación’ que siempre ha sido «morosidad».
También se ha preguntado Martínez Abarca por qué se contempla este convenio para asistencia jurídica gratuita solo para estas víctimas y «por qué son más vulnerables» que otras. «La única condición para ser víctima del delito de ocupación es ser propietario de un bien inmueble. Es la única, que no es un dato que te haga especialmente vulnerable respecto de otros delitos», ha valorado.