Vox pide en la Asamblea paralizar la obligación de la baliza V16 hasta contar con “estudios independientes”

Vox Madrid registra una PNL para frenar la obligación de la baliza V16 hasta contar con estudios independientes y mantener, por ahora, los triángulos de emergencia.

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Vox en Madrid ha registrado en la Asamblea una iniciativa para frenar la obligatoriedad de la baliza V16 hasta que existan “estudios técnicos y forenses independientes” que avalen su eficacia en situaciones de baja visibilidad y climatología adversa.

La propuesta se articula mediante una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario que encabeza Isabel Pérez Moñino, con la que se pretende que la Cámara inste al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso a exigir al Gobierno central la suspensión de esta obligación.

Según Vox, la implantación de la baliza supone un “gasto adicional” y una “carga innecesaria y desproporcionada” en un escenario de “dificultades económicas, inflación y encarecimiento del coste de la vida”.

En el texto de la iniciativa, la formación critica además que “por si fuera poco, el Gobierno no ha realizado una debida comunicación sobre la entrada en vigor de esta norma: el 65 % de los españoles la desconoce y hasta el 30 % no sabe que puede exponerse a ser sancionado con 80 euros de multa si incumple esta nueva norma. Además, muchos conductores españoles están adquiriendo sin saberlo balizas V-16 más baratas, pero no homologadas por la DGT”, y subraya que el dispositivo presenta “limitaciones relevantes de eficacia”.

Por todo ello, Vox reclama que se paralice por ahora la entrada en vigor de la obligación de la baliza V16 y que sigan utilizándose los triángulos de emergencia para señalizar averías o accidentes en carretera.

Asimismo, la formación demanda que se pida al Gobierno central que ninguna medida de seguridad vial “obligue o incentive a los conductores a permanecer dentro del vehículo”, que se pongan en marcha ayudas para reforzar la seguridad vial mediante la renovación del parque automovilístico y que se abandone la “promoción de normativas y obligaciones que imponen más costes a las familias”.