El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha relatado este miércoles que su primera relación con el administrador de Servinabar, Antxon Alonso, se produjo en 2018, cuando él era gerente de Nasuvinsa y Alonso le trasladó su interés “en la compra o alquiler de los terrenos que había entre Lumbier y Sangüesa” para “ubicar allí el espacio logístico ligado a Mina Muga”.
Según ha indicado, en aquel momento se cursó desde Servinabar una petición formal para avanzar en esta operación y desde Nasuvinsa se fijaron unas condiciones orientativas que podían encajar con una iniciativa de ese tipo, aunque nunca llegaron a concretarse. Aierdi ha recordado que se remitió una propuesta con precios de arrendamiento y otros términos, que no obtuvo respuesta por parte de Alonso y “por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, tal y como ha expuesto en la comisión de investigación sobre adjudicación pública del Parlamento foral.
Posteriormente, ya como consejero, ha señalado que mantuvo dos encuentros con Alonso en torno al proyecto de Mina Muga, “en las que analizábamos la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”. En esas reuniones, ha apuntado, Alonso “ya se manifestaba como Servinabar, pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”.
Aierdi ha explicado que, ante un proyecto que podía generar un volumen relevante de empleo en Sangüesa, el Ayuntamiento necesitaba prever suelo residencial e industrial suficiente para absorber la posible demanda futura. En este sentido, ha recordado que “un ayuntamiento como Sangüesa en el que se va a desarrollar un proyecto que va a generar un número importante de empleos debe tener la capacidad de planificar el suelo necesario para atender esa demanda de viviendas y debe planificar también las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”. Ha añadido que “el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigía al departamento competente en esta materia porque la sociedad pública Nasuvinsa dependía de mi departamento”.
Reuniones sobre la viabilidad real de Mina Muga
En ese marco, el consejero ha relatado que mantuvo “bastantes reuniones con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso porque queríamos saber si el proyecto, por parte de los socios, tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.
Sobre la situación en Sangüesa, Aierdi ha comentado que “en aquel tiempo mantenía reuniones periódicas con los responsables del Ayuntamiento de Sangüesa, a la vista del procedimiento que estaba siguiendo”. Según ha relatado, el Consistorio analizaba “el impacto que podría tener el desarrollo de un proyecto de esas características, el empleo que se iba a generar, el movimiento que podía haber” y trasladaba al departamento la urgencia de impulsar infraestructuras y actuaciones urbanísticas que pudieran dar respuesta a ese posible escenario.
Preguntado por qué se entrevistó con Alonso, el consejero ha explicado que en ese momento confluyen la presión del Ayuntamiento de Sangüesa y la información que le traslada el gerente de Mina Muga, Ignacio Salazar, quien le aseguraba que las actuaciones iban a iniciarse de forma inminente. Sin embargo, ha señalado que “de la información que obtengo de las dos reuniones con Antxon Alonso es todo lo contrario”. “Lo que me dice es que, desde su punto de vista, no hay ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto y que simplemente están tratando de obtener las autorizaciones oportunas para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”, ha explicado, subrayando que necesitaba “una información fiable para saber cuándo podemos intervenir”.
El consejero ha insistido en que “entendíamos que era un proyecto interesante para la zona”. La clave, ha dicho, era aclarar “si quienes eran responsables en ese momento de Mina Muga tenían intención real de acometer las inversiones; si se iban a acometer en un plazo corto teníamos que planificar intervenciones en materia de infraestructura o, si por el contrario, era simplemente un procedimiento que seguían los titulares de esa sociedad para conseguir las autorizaciones y vender a un tercero la propia ejecución de la mina, el desarrollo industrial, en cuyo caso los plazos cambiaban sustancialmente”.
Actuaciones en Sangüesa y ausencia de contactos por las VPO
Interpelado por el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, sobre si en aquel momento el proyecto Mina Muga era artificial, Aierdi ha señalado que “vemos que quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. A raíz de ese diagnóstico, ha indicado que “por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”.
Por último, el consejero ha asegurado que no mantuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. Ha recalcado que “en relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”.